Viernes, 29 Marzo 2024
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Evo, García Linera, Yañiquez y otros deben ser investigados penalmente tras informe de la CIDH

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Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que se debe investigar penalmente a los responsables de las graves violaciones a los derechos de cinco implicados en el denominado caso “terrorismo”, el abogado Gary Prado, que hizo seguimiento a ese proceso, identificó a más de una decena de personas que deberían ser investigadas, empezando de Evo Morales, Álvaro García Linera, Betty Yañiquez, entre otras exautoridades.

Este caso tratado por la CIDH deviene del operativo policial del 16 de abril de 2019 en el hotel Las Américas en Santa Cruz, donde fallecieron Eduardo Rózsa, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, pero además se detuvo a Mario Tadic y el húngaro Elod Toaso, quienes estaban acusados de formar una presunta célula terrorista.     

La CIDH estableció, en un informe, que el Estado boliviano es responsable de la privación arbitraria de la vida del irlandés Michael Dwyer, que se provocó con uso excesivo de la fuerza del orden, y que se debe sancionar a los responsables.

También determinó que Mario Tadic y Elod Toaso sufrieron torturas, lesiones y vulneraciones a sus garantías judiciales, al igual que Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, quienes fueron detenidos el 28 de abril de ese año.

El organismo no se pronunció respecto a los otros fallecidos y detenidos porque esta petición sólo fue impulsada por cinco afectados. El abogado Prado indicó que hay otros casos presentados por otros que estuvieron procesados en el caso denominado “terrorismo”.

En su informe, la CIDH recomendó investigar las vulneraciones a derechos de los cinco peticionantes, además de la reparación, medidas de atención física y mental y adoptar medidas para que estos hechos no se reiteren.

Según Gary Prado, el primer investigado por las vulneraciones a derechos humanos en este caso es Evo Morales.

En entrevista con La Tarde en Directo de ERBOL, el jurista recordó que el 16 de abril de 2009, pocas hora después del operativo, Morales en Venezuela reconoció que había dado la orden para realizar el operativo.

En el video sobre las declaraciones, el entonces presidente Morales reconoce que había dejado instrucciones al vicepresidente (Álvaro García Linera) y, por su intermedio a la Policía, para hacer un operativo de detención de “mercenarios” extranjeros y que se habría producido una balacera. 

Prado señaló que Morales debe ser investigado por reconocer haber dado la orden para el operativo. Sobre quién ordenó matar a Rózsa, Magyarosi y Dwyer, indicó que ese es un tema que también debe ser indagado.

El segundo investigado, según Prado, debe ser Álvaro García Linera, puesto que estaba como presidente en ejercicio, ante el viaje de Morales a Venezuela, y tendría la responsabilidad del operativo.

El tercero en la lista es Alfredo Rada, quien era Ministro de Gobierno, y según Prado, puso a funcionarios de esa cartera de Estado a dirigir el operativo. Mencionó al entonces viceministro Marcos Farfán y al funcionario Carlos Núñez del Prado, fallecido en 2014.

También planteó investigar a quien era Comandante de la Policía durante el operativo en el Hotel Las Américas y Jorge Santisteban, quien era jefe de inteligencia.

Asimismo, Prado señaló que se debe indagar a David Choquehuanca porque, en su gestión como canciller, recibió los informes de autopsia que se hicieron en Europa sobre las muertes de Dwyer y Magyarosi, que contradecían a las autopsias realizadas en Bolivia, pero no los envió al Ministerio Público.     

Respecto a las vulneraciones de derechos en el plano jurídico, el abogado Gary Prado dijo que se debe investigar a la exjuez y actual diputada Betty Yañiquez, puesto que fue la juez de garantías constitucionales que envió a la cárcel a implicados en el caso “terrorismo”.

Prado señaló que un juez probó debió liberar a Tadic y Toaso, puesto que el operativo en el hotel se realizó sin orden judicial y los imputados tenían lesiones de tortura, pero Yaniquez los envió a la cárcel.

Explicó que otra vulneración fue que el caso debió tramitarse en Santa Cruz, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos, sin embargo, se lo llevó a La Paz.         

El abogado agregó que otros jueces, como Yañiquez, también incurrieron en violaciones a los derechos humanos y deben ser investigados.

Dijo también que se deben investigar a todos los ministros de Gobierno de Evo Morales, porque considera que influyeron para que el caso judicial se desarrolle en La Paz y así pode presiones a jueces y con el fiscal Marcelo Soza.

Otro que debe ser investigado, según Prado, es el exfiscal Marcelo Soza, puesto que convalidó las actas de registro y levantamiento de cadáveres del hotel Las Américas, a pesar de que no participó en el operativo.

También mencionó al general Jhonny Aguilera, quien entonces era mayor y que actuó de forma similar a Soza, convalidando los hechos del 16 de abril dentro de la investigación del caso “terrorismo”.

Recordó que la CIDH recomendó iniciar la investigación de manera diligente y en un plazo razonable. Señaló que el Estado ya tiene el documento hace nueve meses, pues tiene fecha de diciembre de 2021.

El abogado Prado indicó que el Estado podría rechazar la recomendación de la CIDH, pero en ese caso se podría llevar el caso a la Corte IDH, para que se emita una sentencia condenatoria.

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