Quillacollo arrastra una pesada herencia de corrupción que hasta hoy no ha sido esclarecida. Al menos seis exalcaldes del municipio tienen cuentas pendientes con la justicia por la malversación de recursos destinados al Plan Maestro de Agua Potable, un proyecto que debía garantizar un derecho básico a la población y que terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción municipal.
Pese a la gravedad de los hechos y al daño económico y social causado a miles de familias, la actual gestión municipal encabezada por Héctor Cartagena incumplió su deber institucional de impulsar acciones concretas para esclarecer este caso emblemático.
No se promovieron auditorías profundas, no se exigieron responsabilidades políticas ni se impulsaron procesos claros para recuperar los recursos desviados.
Esta inacción genera una grave sospecha de protección política a quienes hoy, pese a su oscuro pasado, se presentan nuevamente como candidatos a la Alcaldía, intentando reciclarse en la vida política sin antes rendir cuentas ante la justicia y el pueblo de Quillacollo.
El caso del Plan Maestro de Agua Potable no es un hecho aislado. Durante años, Quillacollo fue bastión de irregularidades administrativas, obras inconclusas, proyectos inflados y uso indebido de recursos públicos, lo que frenó su desarrollo y profundizó la desconfianza ciudadana hacia sus autoridades.
La población tiene derecho a saber qué pasó con el dinero, quiénes son los responsables y por qué hasta ahora no hay sanciones ejemplares.
El silencio y la pasividad institucional solo fortalecen la impunidad y debilitan la democracia local.
Quillacollo no puede seguir siendo rehén de la corrupción ni plataforma de retorno para viejos operadores políticos cuestionados. La memoria, la transparencia y la justicia son condiciones indispensables para recuperar la confianza ciudadana y construir un municipio con futuro.
