Bolivia ha sido oficialmente incluida en el bloque de 50 naciones con las que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, busca establecer alianzas estratégicas para la explotación de minerales críticos y tierras raras.
Esta decisión tiene como objetivo principal asegurar el suministro de elementos esenciales para la transición energética y tecnologías avanzadas, intentando frenar el actual dominio global de China en este sector.
Bolivia posee un potencial extraordinario al albergar 31 de los 38 minerales críticos identificados para la tecnología moderna. El interés internacional se centra principalmente en tres zonas geográficas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.
José Córdova, presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), confirmó que el Gobierno boliviano ya participó en reuniones ministeriales en Washington y en convenciones mineras en Canadá, donde al menos 20 empresas internacionales mostraron interés en invertir en el país.
Pese al entusiasmo estatal por la llegada de recursos económicos, la alerta se encendió en la región de la Chiquitania, en Santa Cruz.
Actualmente, ya existen tres proyectos de prospección activos que han generado rechazo: Cerro Manomó (12 mil hectáreas), La Cruz Pico Suto y Rincón del Tigre.
Líderes indígenas, como Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), denunciaron a Mongabay Latam que no se ha realizado ningún proceso de consulta previa, libre e informada, contraviniendo normativas vigentes.
Los pueblos guarayo, chiquitano y ayoreo temen que la explotación de elementos como el lantano, cerio y neodimio provoque la contaminación de recursos hídricos y la pérdida de bosques, replicando los daños ambientales observados por la minería en el norte de La Paz.
Expertos como Miguel Vargas, director del Cejis, advierten que más de la mitad de estos proyectos extractivos en la región afectan directamente territorios indígenas, amenazando con desplazamientos forzados y estrés hídrico.
Desde el ámbito técnico, especialistas consultados por el medio ponen en duda la capacidad inmediata de Bolivia para aprovechar este “boom”. Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo, señaló que el Estado carece de capital para inversiones de gran escala y que el sector privado requiere de una seguridad jurídica que hoy es inexistente debido a los avasallamientos de cooperativas mineras.
Por su parte, Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, subrayó la urgencia de promulgar una nueva ley minera que garantice tecnologías limpias y sostenibilidad.
Aunque el Gobierno asegura que se priorizará el cuidado ambiental, los expertos coinciden en que la transición energética global no debe construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía y el Chaco boliviano.
