Sábado, 02 Julio 2022
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Unión Europea cuestiona a la justicia boliviano y denuncia vulneración de derechos de Jeanine Áñez

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La Unión Europea (UE) refrendó lo señalado por Naciones Unidas y afirmó que hubo vulneración al derecho al debido proceso contra Jeanine Áñez en su juicio por el caso “Golpe II”. El Gobierno minimizó esas manifestaciones internacionales y el expresidente Evo Morales bajó el tono con relación a la exmandataria.

En un comunicado, la UE manifestó que “según las observaciones preliminares de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia, los procedimientos no respetaron plenamente el derecho al debido proceso de la señora Áñez. La Oacnudh señaló que la tipificación penal de ‘incumplimiento de deberes’, delito por el cual Áñez fue condenada, era excesivamente amplia y ambigua.

También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la prisión preventiva, el acceso a la prueba testifical y el formato virtual e híbrido de las audiencias. La Oacnudh indicó que se debe evitar la celebración de juicios en rebeldía y que la participación de numerosos acusadores había afectado el equilibrio procesal”, añade el documento.

El viernes, el Alto Comisionado presentó seis observaciones al proceso que se siguió en contra de la exmandataria. La UE se sumó a los puntos principales.

Desde Bruselas, la UE indicó que está dispuesta a colaborar al Gobierno de Bolivia en el proceso de reforma del sistema de justicia. “Durante el Diálogo de Alto Nivel del 31 de mayo, tomó nota del deseo del Gobierno boliviano de emprender una reforma del sistema de justicia. Está dispuesta a cooperar con Bolivia en este compromiso, en el marco de su programa lanzado en 2021 y a través de posibles acciones futuras”, reza la parte del comunicado del Portavoz del Alto Representante de la Unión Europea.

Áñez asumió el mando de manera interina en 2019 tras la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales.

Precisamente Morales, consultado sobre el tema en su programa semanal que se difunde por Radio Kawsachun Coca recordó que durante una inmensa concentración, a su retorno de Argentina, e1 11 de noviembre de 2020, “más de un millón de personas en Chimoré” clamaron por justicia tras el “golpe de Estado” que fue “encabezado” por Jeanine Áñez. Luego, varias veces repitió la palabra justicia, para que quede clara su nueva posición sobre Áñez.

“A mi retorno de Argentina, pidieron justicia y la justicia está en manos de la justicia. Cada uno tenemos derecho a presentar las demandas, pero la justicia debe decidir qué camino seguir. Escuché algunas declaraciones de víctimas del Trópico preocupadas por la justicia, pidiendo que la justicia los oiga. Ese debate continuará dentro de la justicia boliviana y cualquier institución defensora de los derechos humanos en Bolivia y fuera del país, tiene que pensar en justicia”, recalcó.

Además, aseguró que “los masacrados o asesinados, jurídicamente no sé cuál es el término exacto, pero conocido también como genocidio o delito de lesa humanidad, son quechuas y aymaras. En Sacaba, venían del trópico, todos quechuas. Algunos de descendencia aymara, pero vivían en el trópico de Cochabamba. En La Paz puro aymara. Esperamos que la comunidad internacional acompañe para hacer justicia por lo ocurrido”.

Esta vez, el líder masista fue mucho más cauto en sus declaraciones que la anterior semana cuando, en el mismo programa radial, señaló que, en una reunión política con autoridades nacionales, se tomó la decisión de llevar a Jeanine Áñez a procesos por la vía ordinaria.

El expresidente Carlos Mesa y principal líder de la oposición del país demandó este domingo la anulación de la condena contra la expresidenta Jeanine Áñez, tras los vicios procesales denunciados por Naciones Unidas y la Unión Europea.

“La ONU y la UE, testigos y facilitadores de la transición democrática de 2019, coinciden en denunciar violación de DDHH (Derechos Humanos) de Áñez en el juicio espurio, e inexistencia de una justicia proba e independiente. (Luis) Arce y (Iván) Lima decidieron este juicio ilegal; por esas razones debe ser anulado”, escribió Mesa (2003-2005) en un mensaje de Twitter, reportó AFP.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, fue el encargado de emitir el criterio del Gobierno, que minimizó los pronunciamientos del relator de Naciones Unidas por la Independencia de jueces y magistrados, de OACNUDH y de la UE.

Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El ministro Lima explicó que ambos ilícitos tienen una pena de 10 y 4 años, respectivamente. “El tribunal tomó la pena máxima y es la que se impuso en este caso, 10 años. No tomó en cuenta aplicar una regla de concurso de delitos, y eso será materia de una apelación nuestra más adelante. Por el momento son diez años en caso de Añez, y de los exjefes de las FFAA, Williams Kaliman y de la Policía, Yuri Calderón.

Explicó que, a principios de la gestión de Luis Arce, se tomó la decisión que tiene que ver con la determinación del Ministerio Público, “teníamos dos acciones en curso, los casos denominados golpe de estado I y II, el primero aún está en proceso y no se tomaron declaraciones de Luis Fernando Camacho y de otros que obstaculizan la indagación”. Este caso se procesa por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El caso Golpe II, explicó, se separa del otro caso, y se ciñe a Añez, a militares y a policías. “El hecho inicial tiene que ver con la situación determinada en la acusación, con relación a los hechos ocurridos antes de la autoproclamación entre el 10 y 12 de noviembre. Es en esta gestión que se presenta la acusación, y tenemos las características de un juicio ordinario con las salvedades que presenta la pandemia”, aseguró.

Destacó que son tres argumentos fundamentales que llevaron a la sentencia de Áñez. Primero, la renuncia de Adriana Salvatierra. “No podía renunciar por una declaración en medios. Debía ser voluntaria, escrita. Están todas las declaraciones y pruebas, ella estaba en el cargo y le correspondía la sucesión presidencial”.

El segundo elemento es, “asumiendo que eventualmente existiera una renuncia de Salvatierra, estaba en línea la primera vicepresidente de Diputados, Susana Rivero. El presidente Victor Borda renunció obligado, porque torturaban a su hermano. Entonces debió asumir ella, estaba en funciones, como diputada y presidenta. Estaba en la línea de sucesión. El tercero es que hubo una decisión previa. “La exsenadora Áñez convocó a las FFAA Y a la Policía y exigió que intervengan en actos de protesta que se daban en La Paz. Lo hizo como presidenta del Senado, cuando no lo era y no tenía ninguna prerrogativa porque seguía en su cargo el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien renunció el 12 de noviembre en la madrugada”.

Aseguró que “ella ya daba órdenes, por eso fue condenada, y los militares también porque le hicieron caso. Le otorgaron un equipo de seguridad, un helicóptero, que solo puede usar el presidente. Hubo un golpe de Estado con intervención de la Policía, con un motín, intervinieron los militares. Ella se autoproclamó viniendo de un partido que tenía el 5% de apoyo”, complementó.

En su cuenta de Twitter, García-Sayán señaló que a Áñez le correspondía un juicio de responsabilidades, sin importar las condiciones en las que hubiera llegado a la presidencia.

“El martes a las 4:00 de la madrugada, junto con el Canciller, comentaremos el informe final que presentará el relator sobre la justicia boliviana en Ginebra. Lo llamamos a la reflexión, no vino a juzgar casos concretos. No puede realizar afirmaciones sin antes permitir que nosotros presentemos nuestros descargos. Los tuits que publicó están fuera de contexto. Un funcionario de su nivel debe tener su comportamiento atado a los reglamentos de sus funciones y debió comunicarnos, para que podamos plantear nuestros argumentos”, dijo.

Con relación a las observaciones de OACNUDH señaló que “ningún punto observa la competencia. No dice que debió llevarse por juicio de responsabilidades”, que se procesó a Kaliman y Calderón respetando sus derechos. “El tema de los testigos, deberá ser objeto de recurso de apelación.

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