Domingo, 04 Diciembre 2022
0
Compartidos

El Gobierno de Bolivia tiene la intención de levantar la reserva de fuentes, periodistas se declaran en alerta

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Gremios de periodistas en Bolivia rechazaron este miércoles la intención del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, de levantar el secreto de fuente para que los medios revelen el origen de la filtración de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre un polémico caso de terrorismo en 2009.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (ALPL) lamentaron que Chávez "desconozca" las garantías legales nacionales e internacionales que protegen el secreto de fuente.

El procurador "intenta debilitar el rol que tiene la prensa", "el secreto de fuente es un derecho que no sólo protege a las y los periodistas sino a la sociedad por cuanto resguarda la libertad de expresión", señalaron los gremios de periodistas en un comunicado.

El procurador afirmó en declaraciones a la emisora Fides que quienes difundieron el informe fueron "algunos medios" y admitió haber pedido que le informaran "quién había filtrado" el documento para que "levanten la fuente", ya que consideró que en un caso de esa naturaleza "vale la pena aclarar la situación".

Justamente, el abogado Gary Prado Arauz, que defendió a varios de los acusados en este caso, señaló a la Procuraduría como la entidad de donde supuestamente salió el documento, algo que Chávez, quien fue abogado del expresidente Evo Morales, ha negado.

En el informe la CIDH concluyó que el Estado de Bolivia es responsable por "graves violaciones de derechos" de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados dentro de un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 y que fue cerrado en 2020.

El organismo emitió el informe a solicitud del abogado de la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de 2009.

La CIDH señaló que el Estado "es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" y recomendó "iniciar una investigación penal" para establecer las responsabilidades por lo que no se podrá oponer "prescripción u otras eximientes".

El informe fue emitido en diciembre de 2021, pero se dio a conocer el fin de semana por publicaciones en los medios locales.

El "caso terrorismo" estalló el 16 de abril de 2009, con una operación policial en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos, entre ellos Dwyer, y la detención de Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra el entonces presidente Evo Morales.

En 2015, tras un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.

Por otro lado, unos 48 exministros que formaron parte del Gobierno de Morales (2006-2019) expresaron en un documento su "respaldo patriótico" a las decisiones que en aquel momento asumió el exmandatario "en bien de la unidad de la Patria".

Además, señalaron que el informe de la CIDH no es una sentencia sino "una recomendación al Estado boliviano para que investigue hechos que los acusados de separatismo denunciaron".

0
Compartidos

NOTICIAS POPULARES

Implementado por Marcelo Colpari – BOLIVIA PRENSA