El Congreso peruano se aprestaba a debatir hoy por segunda vez en pocos días un adelanto de las elecciones a este año, en medio de violentas protestas en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y en coincidencia con una reunión de la OEA por la crisis.
Reunidos en el Congreso, los legisladores peruanos aprobaron hoy reabrir el debate de un proyecto de ley para adelantar las elecciones a octubre, en un intento por contener las protestas, que estallaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y dejaron decenas de muertos.
Boluarte, que era la vice de Castillo, puso más presión anoche sobre el Congreso, en un mensaje a la nación en el que lo emplazó a adelantar los comicios, y dijo que de lo contrario impulsará reformas constitucionales para lograrlo.
"Voten por el Perú a favor del país adelantando las elecciones al 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos", dijo Bolaurte, que al asumir rechazaba recortar su mandato pero que cambió de opinión con el agravamiento de las protestas.
En las afueras de Lima, en el barrio popular de Huaycán, cientos de personas marchaban hoy con una pancarta gigante que decía "Ni un muerto más, Dina renuncia ya".
Los manifestantes pretendían movilizarse hasta el centro de la capital, donde está el palacio presidencial, el Parlamento y tribunales de justicia, y escenario de violentos enfrentamientos entre encapuchados y la policía en los últimos días.
Decenas de militares se desplazaron a Ica, 250 kilómetros al sur de Lima, para apoyar a la policía para desbloquear la ruta Panamericana Sur y garantizar el tránsito.
Los cortes de ruta han sido una constante desde el comienzo de las manifestaciones, el 7 de diciembre, en que fue destituido y detenido Castillo, y han ocasionado escasez de productos básicos y combustible en varias provincias.
"Las movilizaciones van a continuar porque no hay signos de que el Ejecutivo renuncie", dijo el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, a la agencia de noticias AFP.
La crisis política y social, que deja ya 48 muertos por motivos directamente relacionados con las protestas -como represión o ataques- en ciudades del sur y en Lima en siete semanas, no da señales de solución.
El poder político ha sido incapaz de encontrar una respuesta a las demandas de la población, sobre todo rurales del sur andino de mayoría indígena, históricamente postergadas, quienes habían apostado a mejorar sus condiciones de vida con la llegada de Castillo a la presidencia.
Castillo, un maestro rural y dirigente de izquierda, fue despojado del cargo por el Congreso luego de haber intentado disolverlo justo antes de que los legisladores votaran un nuevo intento de destituirlo, acusándolo de incapacidad moral y de hechos de corrupción.
La crisis repercutió en la región. Los Gobiernos progresistas o de izquierda de Colombia México, Chile, Bolivia, la Argentina y Honduras criticaron la respuesta represiva del Gobierno de Boluarte ante las manifestaciones, lo que provocó roces diplomáticos con Lima.
Similares cuestionamientos a Perú se preveían en una reunión de emergencia agendada para hoy del principal órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su sede de Washington, que fue convocada por Colombia para tratar la crisis.
Será la segunda vez en dos semanas que el Consejo Permanente de la OEA se convoque para analizar la situación de Perú, esta vez en sesión extraordinaria, después de haber escuchado la semana pasada a la mandataria, que defendió la reacción de su Gobierno ante las protestas.
La canciller de Perú, Ana Gervasi, dijo que el Gobierno detallará en la sesión las gestiones que realiza "para superar esta compleja crisis política”.
El Congreso peruano ya había votado un adelanto de los comicios para abril de 2024, pero un intento de revisar la fecha y traerla a 2023 fue rechazado el viernes pasado por los legisladores.
Un pedido de "reconsideración" de ese texto sustitutorio de adelanto de las elecciones a octubre de 2023 fue luego presentado por legisladores y aprobado hoy finalmente por el Congreso por 66 votos contra 49.
El Congreso pasó luego a cuarto intermedio para que se reuniera la Junta de Portavoces y escuchar a cada una de las bancadas y tratar de consensuar un texto sustitutorio, informó la emisora RPP.
Ayer, el presidente del Parlamento, José Williams, militar retirado de derecha, primero en línea de sucesión en caso de renuncia de la mandataria peruana, también pidió en su cuenta de Twitter a los parlamentarios "reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar" el lunes.
La discusión política coincide con el velorio de Víctor Santisteban, de 55 años, manifestante que falleció el sábado en la protesta más violenta vivida en Lima desde el inicio de la revuelta social en diciembre, al recibir "el impacto de un objeto contundente en su cabeza", según el parte médico.
La iniciativa de adelantar las elecciones a octubre de 2023 fue presentada por el congresista fujimorista Hernando Guerra García, del partido de derecha Fuerza Popular (FP).
El proyecto prevé que la presidenta, los congresistas y autoridades electas entreguen el poder en diciembre de 2023.
Pero la izquierda insistió en que debía incluirse un referendo para crear una Asamblea Constituyente, algo que rechaza un amplio espectro de la política peruana.
Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral por parte de Fuerza Popular, partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 73% de peruanos pide elecciones para este año y el 89% desaprueba el desempeño del Congreso.
