Cochabamba, 24 de agosto de 2026.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, hizo pública su profunda preocupación por la alarmante escasez de diésel que afecta a todo el país y advirtió que el incremento del precio a 18 bolivianos por litro para grandes consumidores, establecido mediante el Decreto Supremo 5676, no ha resuelto el desabastecimiento ni reducido las filas en los surtidores.
La medida, lejos de normalizar el suministro, ha dejado al aparato productivo y a las obras públicas en situación crítica.
«La falta de diésel está perjudicando las actividades de desarrollo y obras. De nada sirvió subir el costo del combustible si el combustible no llega. Esta crisis debe ser tratada como una prioridad nacional antes de que la parálisis se extienda a toda la economía», expresó Reyes Villa.
La autoridad edil constató que vehículos municipales, maquinaria pesada, camiones de recolección de residuos y flotas de servicios básicos permanecen varados u operando con restricciones severas, retrasando obras y servicios esenciales para la población.
– El DS 5676 estableció el precio de Bs 18 por litro para grandes consumidores (quienes adquieren más de 120 litros mensuales), mientras transportistas y particulares continúan pagando Bs 9,80.
– A casi dos semanas de aplicada la medida, las estaciones de servicio siguen registrando desabastecimiento de diésel en hasta un 30% de los puntos verificados, con filas que se extienden por cuadras y esperas de hasta tres días.
– Los transportistas rechazaron la norma unánimemente: «No dio solución, hay más congestionamientos», declaró la Confederación Sindical de Choferes. El sector estima que apenas el 35% al 40% de la flota pesada opera con normalidad.
IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS
– En Cochabamba, la falta de diésel ha paralizado parcialmente obras públicas y servicios municipales, desde mantenimiento de vías hasta recolección de basura y operación de plantas de agua.
– El sector empresarial cochabambino calcula pérdidas por más de USD 200 millones en el PIB departamental, afectando a más de 65.000 empresas, con costos logísticos incrementados hasta en un 40%.
– En Santa Cruz, el departamento más productivo, ocho de cada diez camiones permanecen sin poder cargar combustible, amenazando la cadena de suministro de alimentos y exportaciones.
– El sector productivo advirtió que la brecha de precios —Bs 9,80 frente a Bs 18— no elimina el incentivo al contrabando y reventa ilegal, por lo que el desvío de combustible hacia mercados externos continúa.
¿POR QUÉ NO FUNCIONÓ LA MEDIDA?
Analistas coinciden en que el problema de fondo no es el precio, sino la falta de divisas para importar volúmenes suficientes.
YPFB enfrenta restricciones financieras que redujeron las compras al exterior en cerca de un 30% respecto al año pasado; elevar el precio a un segmento del mercado no resuelve la escasez real del producto.
La medida ha sido calificada incluso por el vicepresidente del Estado como un «dieselazo» que castiga al agro y a la producción sin garantizar abastecimiento.
EL LLAMADO DE REYES VILLA
El alcalde de Cochabamba instó al Gobierno a:
1. Declarar la crisis del diésel prioridad de Estado y destinar divisas suficientes para garantizar importaciones plenas;
2. Revisar el esquema de precios diferenciados que no ha resuelto el desabastecimiento y sí encarece la producción nacional;
3. Fortalecer la exploración y producción interna de hidrocarburos para reducir la dependencia de compras externas;
4. Coordinar con alcaldías y gobiernos departamentales un plan de suministro confiable que garantice obras y servicios.
«No podemos pretender que el precio solucione lo que es un problema de falta de producto y de política energética.
Bolivia no puede quedarse sin moverse. El pueblo necesita respuestas concretas, no medidas que encarecen sin resolver», concluyó Reyes Villa.
