Cochabamba, 26 de agosto de 2026.– La crisis económica y el impacto del incremento del precio del diésel colocaron a los gobiernos municipales en el centro del debate nacional. Representantes de las ciudades capitales y El Alto participaron en Cochabamba de una mesa técnica convocada por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), con el objetivo de construir una propuesta común dentro de la denominada agenda 50/50.
El secretario Financiero de la Alcaldía de Cochabamba, Mauricio Muñoz, explicó que la reunión tuvo un carácter estrictamente técnico y permitió avanzar en la elaboración de un documento que será entregado a los alcaldes y posteriormente presentado públicamente el próximo 8 de septiembre, mediante un manifiesto municipal.
Según Muñoz, el documento buscará plantear medidas de respuesta inmediata frente a la crisis económica, pero también establecer una agenda de mediano y largo plazo que permita a los municipios recuperar capacidad financiera para atender las crecientes demandas de la población.
La preocupación de las alcaldías se concentra especialmente en áreas como salud, educación, infraestructura, servicios básicos, mantenimiento vial y alimentación complementaria escolar, obligaciones que han aumentado mientras los gobiernos locales enfrentan restricciones presupuestarias.
EL DIÉSEL SE CONVIERTE EN UNA NUEVA PRESIÓN FINANCIERA
El director ejecutivo de la AMB, André Humérez, advirtió que el precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para determinados grandes consumidores puede generar un impacto severo en las finanzas municipales y calificó de insostenible la aplicación de esta medida a los gobiernos locales.
Por ello, planteó formalmente que los Gobiernos Autónomos Municipales sean excluidos de la aplicación del decreto y puedan acceder al combustible bajo condiciones diferenciadas.
El reclamo tiene una explicación práctica. Los municipios utilizan diésel para el funcionamiento de maquinaria pesada, volquetas, equipos de mantenimiento vial, vehículos de recolección de basura, maquinaria destinada a obras y otras actividades esenciales.
El Gobierno nacional aclaró que el Decreto Supremo 5676 no elevó a Bs 18 el precio que pagan todos los vehículos.
El nuevo precio referencial se aplica a grandes consumidores, clientes directos y usuarios que adquieren combustible en determinados volúmenes, mientras que el diésel para carga directa en vehículos mantiene el precio regulado de Bs 9,80.
Sin embargo, para los municipios el problema no termina en el precio directo del combustible. El encarecimiento puede trasladarse al costo de funcionamiento de maquinaria, contratación de servicios, transporte de materiales y ejecución de obras, especialmente cuando determinadas operaciones requieren compras en volúmenes importantes.
UNA SEÑAL DE ALERTA DESDE CHUQUISACA
La advertencia de la AMB adquiere mayor relevancia porque ya existen señales concretas en otros municipios del país.
En Chuquisaca, gobiernos municipales reportaron que sus presupuestos destinados a combustible se agotaron y algunos comenzaron a paralizar maquinaria y actividades.
El municipio de Padilla, por ejemplo, informó la paralización de equipos utilizados para caminos y actividades productivas, además de dificultades para garantizar incluso el funcionamiento del carro basurero.
Este escenario permite dimensionar el problema: si una alcaldía debe destinar el doble de recursos a combustible, necesariamente tendrá que reducir gastos en otra área o disminuir el ritmo de sus actividades, salvo que consiga recursos adicionales.
EL VERDADERO PROBLEMA ES ESTRUCTURAL
La discusión del 50/50 adquiere así una dimensión mayor. Los municipios no solamente están reclamando recursos para enfrentar la emergencia del combustible; buscan modificar la estructura de distribución de recursos y competencias entre el Gobierno central y las entidades territoriales.
El Gobierno ya convocó a los municipios para discutir la agenda 50/50, la distribución de recursos, proyectos municipales y mecanismos de adecuación financiera.
La discusión incluye también la distribución de la coparticipación tributaria, el destino de recursos como el IDH, las competencias municipales y la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para prestar servicios públicos.
En otras palabras, la crisis del diésel puede convertirse en el detonante de una discusión mucho más profunda sobre el modelo económico de las autonomías municipales.
COCHABAMBA BUSCA UNA POSICIÓN COMÚN
La participación de representantes de ocho ciudades capitales y El Alto en Cochabamba representa un paso hacia la construcción de una posición conjunta.
La AMB pretende que las demandas de los municipios no sean planteadas de manera aislada, sino mediante una propuesta técnica respaldada por información financiera y operativa.
El documento que será presentado el 8 de septiembre podría convertirse en un instrumento para negociar con el Gobierno nacional una salida a la emergencia y, al mismo tiempo, avanzar en una nueva distribución de recursos y responsabilidades.
El desafío será demostrar con cifras cuánto cuesta realmente mantener los servicios municipales y cuánto representa para cada alcaldía el incremento del combustible.
EL RIESGO: MUNICIPIOS CON MÁS OBLIGACIONES Y MENOS CAPACIDAD DE RESPUESTA
La situación plantea un problema que puede terminar afectando directamente a los ciudadanos.
Si los municipios reducen sus gastos para compensar el aumento de costos, podrían disminuir el ritmo de ejecución de obras, mantenimiento de caminos, recolección de residuos, atención de emergencias y otros servicios.
Y si mantienen el mismo nivel de funcionamiento sin recibir recursos adicionales, pueden profundizar sus problemas financieros.
Por eso, la discusión del 50/50 ya no aparece únicamente como una demanda política de los municipios. Se presenta como una discusión sobre quién debe financiar las competencias que actualmente soportan las alcaldías y con qué recursos deben hacerlo.
