Cochabamba, 7 de septiembre de 2026 (boliviaprensa.com) — Cocapata, uno de los municipios más ricos del departamento de Cochabamba y nacido en 2009, vive hoy una de las situaciones más graves de su historia: mientras sus tierras guardan inmensas riquezas auríferas, la explotación avanza sin control, contaminando sus ríos y dejando casi nada a las comunidades originarias.
Las denuncias apuntan a una red de complicidades que involucraría a autoridades locales y departamentales.
FIEBRE DEL ORO: 40 COOPERATIVAS, SÓLO 10 LEGALES
Los datos son alarmantes: en Cocapata operan unas 40 cooperativas mineras dedicadas a la extracción de oro, pero solo 10 cuentan con autorización legal.
Las otras 30 están en proceso de tramitación o funcionan sin ningún amparo normativo. Bajo esta cobertura, se señala que operan también empresas extranjeras —presuntamente de capital chino— que mediante acuerdos con cooperativas se quedarían con hasta el 80% de las ganancias, dejando apenas un 20% a los socios locales.
«Cochabamba vive la fiebre del oro… la situación económica provoca esta fiebre, no hay trabajo, la gente está optando por dedicarse a la minería», admitieron autoridades mineras departamentales.
Las regalías mineras se han más que duplicado: de 14 millones de bolivianos en 2021 a 47 millones hasta agosto de 2026, de los cuales el 70% proviene del oro.
Sin embargo, los pobladores señalan que casi nada de esos recursos retorna a las comunidades. El municipio reportó haber aportado 23 millones de bolivianos en regalías en 2025, pero las obras y servicios públicos son insuficientes.
RÍOS ENVENENADOS: EL COSTO AMBIENTAL QUE NADIE PAGA
La minería aurífera sin regulación utiliza mercurio y cianuro para separar el metal, sustancias que se vierten directamente a los cauces de agua.
En Cocapata, denuncian que los ríos han perdido su claridad, la fauna acuática ha desaparecido y el agua ya no es segura para el consumo ni para el riego de cultivos. Esto amenaza no solo la biodiversidad, sino la propia seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de la agricultura y la ganadería de camélidos.
– Más de 1.000 lagunas naturales forman parte de su riqueza hídrica — hoy amenazadas por la contaminación.
– Se han perdido 40 de sus 100 lagunas en solo tres años, sumando sequía y actividad extractiva descontrolada.
– La ganadería de llamas y alpacas —base de la economía familiar— sufre la mortandad de miles de ejemplares por efectos del cambio climático y la degradación de pastizales.
DENUNCIA PÚBLICA: ROMÁN LOAYZA SEÑALA AL GOBERNADOR LEONARDO LOZA
El ex dirigente campesino Román Loayza ha presentado una denuncia de graves consecuencias:
«El gobernador Leonardo Loza es cómplice de esta actividad ilegal. Se lo ha visto compartiendo con los representantes de las cooperativas y empresas extranjeras en zonas de extracción de oro, sin que esto genere ningún beneficio para la región.»
La denuncia se apoya en hechos concretos: el 29 de julio de 2026, el gobernador Loza fue fotografiado en una zona minera a bordo de un vehículo de alta gama con placa chilena reportada como robada, según información policial difundida en redes sociales.
El alcalde de Cocapata, Emigdio Mamani, se limitó a responder que «desconocemos si era robado o ilegal».
AUTORIDADES LOCALES: SILENCIO Y PRESUNTA COMPLICIDAD
Alcalde y concejales municipales son señalados de permitir el saqueo sin ejercer control:
– No hay control sobre el volumen de oro extraído.
– No se fiscaliza el uso de químicos tóxicos.
– Las regalías no se invierten en obras locales.
– Se permite la entrada de capital extranjero sin beneficio para las comunidades.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ya advirtió sobre los acuerdos ilegales entre cooperativas y empresas extranjeras, y pidió reforzar los controles y endurecer las sanciones .
EXIGENCIAS: EL ESTADO DEBE INVESTIGAR Y FRENAR EL SAQUEO
La situación de Cocapata es insostenible. Se requiere con urgencia:
1. Auditoría integral de todas las operaciones mineras en el municipio.
2. Investigación al gobernador Leonardo Loza por presunta complicidad con la minería ilegal.
3. Cese inmediato de toda actividad minera sin licencia ambiental y permisos vigentes.
4. Retorno efectivo de regalías a las comunidades afectadas.
5. Monitoreo de calidad del agua y atención sanitaria a poblaciones expuestas a metales pesados.
«El gobierno debería investigar este asunto de extracción de minerales de forma irracional», demandó Román Loayza.
Cocapata no merece ser despojada de su oro ni de su agua. El pueblo boliviano tiene derecho a saber quién se está llevando la riqueza y por qué sus autoridades miran hacia otro lado.
