Pobladores del Sud Chichas advierten sobre el traslado de antiguos residuos mineralógicos y piden investigar el destino de los materiales. Alarma en Atocha y Telamayu por presunto retiro de relaves mineros
ATOCHA, POTOSÍ.– Una grave denuncia moviliza a pobladores de Atocha y Telamayu, quienes exigen una investigación inmediata sobre el presunto retiro y traslado de toneladas de residuos mineralógicos —relaves acumulados durante décadas— que, según denuncian, contendrían minerales de valor estratégico.
De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, una empresa de capitales chinos habría iniciado el movimiento de estos materiales después de un acuerdo suscrito con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Los denunciantes sostienen que el convenio tendría antecedentes durante el gobierno de Evo Morales y cuestionan que hasta ahora no exista información pública suficiente sobre el volumen de material retirado, su composición, su valoración económica y, fundamentalmente, el destino final de los minerales.
Los pobladores aseguran que se habría contratado un número importante de volquetas para ejecutar el traslado. Algunas versiones hablan de más de un centenar de vehículos y sostienen que el material estaría siendo llevado hacia un destino que no ha sido informado oficialmente.
Incluso circula la versión de que parte de estos minerales podría tener como destino puertos chilenos. Sin embargo, esta última afirmación no ha podido ser verificada independientemente, por lo que corresponde a las autoridades establecer documentalmente la ruta, el comprador, el volumen, la composición y el destino de los materiales.
¿QUÉ SE ESTÁ RETIRANDO DE ATOCHA?
La preocupación de los habitantes no se refiere simplemente a tierra o desechos mineros.
Los llamados relaves, colas y desmontes pueden conservar cantidades aprovechables de minerales después de los procesos de concentración realizados en décadas anteriores.
Precisamente por ello, su tratamiento puede tener actualmente valor económico, especialmente cuando cambian los precios y las tecnologías permiten recuperar minerales que anteriormente no podían ser aprovechados.
En el caso de Telamayu existe un antecedente histórico contundente.
La documentación de COMIBOL señala que la Planta de Fundición de Bismuto Telamayu, ubicada en el municipio de Atocha, fue una instalación destinada a agregar valor al mineral y producir bismuto metálico.
En 2015, COMIBOL reportó una producción de 52,16 toneladas métricas finas de bismuto metálico en Telamayu.
Más aún: en 1982, mediante el Decreto Supremo 19175, se aprobó la realización de estudios metalúrgicos y de factibilidad para una planta destinada al tratamiento de los relaves del ingenio de Telamayu, perteneciente a la Empresa Minera Quechisla.
Es decir, el Estado boliviano conocía desde hace décadas que esos residuos podían contener materiales susceptibles de recuperación.
TELAMAYU, UNA HISTORIA ESCRITA CON MINERÍA
Telamayu no es cualquier campamento minero.
Su historia está vinculada directamente con COMIBOL desde la nacionalización de las minas en 1952.
De acuerdo con documentos de planificación municipal, el centro minero adquirió especial importancia desde ese año y posteriormente llegó a convertirse en un importante productor de bismuto.
COMIBOL fue creada el 2 de octubre de 1952, pocos días antes de la nacionalización de las grandes empresas mineras, y asumió la responsabilidad estatal sobre la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos minerales del país.
Por eso, para los pobladores de Atocha, los antiguos relaves no son simplemente desperdicios: representan parte de la historia minera de la región y, potencialmente, una riqueza que pertenece al patrimonio mineralógico boliviano.
¿DÓNDE ESTÁ EL CONTROL DEL ESTADO?
El Consejo Central Sud y sectores de la población demandan explicaciones y cuestionan el silencio de las autoridades locales y departamentales.
La pregunta es directa:
¿Quién autorizó el retiro de los relaves?
¿Cuántas toneladas están siendo trasladadas?
¿Qué minerales contienen?
¿Cuál es su valor económico?
¿Qué empresa está realizando la operación?
¿Quién comprará el material?
¿Cuál será su destino final?
¿Cuánto recibirá el Estado boliviano por esos recursos?
Y una pregunta fundamental:
¿Existe un inventario oficial y georreferenciado de los relaves de Telamayu antes de proceder a su retiro?
La discusión cobra mayor importancia porque en septiembre de 2026 se debate precisamente una iniciativa legislativa destinada a inventariar, valorar, tratar e industrializar desmontes, colas y relaves de la minería estatal. La propuesta plantea incluso un inventario nacional georreferenciado.
NO SE OPONEN A LA INVERSIÓN, EXIGEN TRANSPARENCIA
Los pobladores sostienen que no necesariamente se oponen al aprovechamiento industrial de los residuos mineros. Lo que exigen es transparencia, fiscalización y beneficio para la región y para Bolivia.
Si existe un contrato, que sea conocido.
Si existe una autorización de COMIBOL, que sea publicada.
Si existe una empresa extranjera, que se informe quiénes son sus propietarios y cuál es su contrato.
Si existen minerales estratégicos, que se determine técnicamente su contenido.
Y si el material sale del territorio nacional, que se conozca con precisión qué sale, cuánto sale, quién lo compra y cuánto dinero genera para Bolivia.
La propia COMIBOL ha reiterado recientemente que tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio minero estatal y que los recursos mineralógicos forman parte del patrimonio cuya administración corresponde al Estado en función del interés colectivo.
ATOCHA PIDE UNA INVESTIGACIÓN URGENTE
La denuncia ya genera preocupación en las poblaciones del Sud Chichas.
Los habitantes reclaman la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de una inspección técnica independiente que permita establecer qué materiales están siendo retirados y cuál es su verdadero valor.
No se trata solamente de toneladas de tierra. Se trata de establecer si debajo de antiguos relaves existe una riqueza mineral que durante décadas permaneció en territorio boliviano y que ahora está siendo trasladada.
Por ello, la exigencia de Atocha es concreta:
“QUE SE INVESTIGUE, QUE SE TRANSPARENTEN LOS CONTRATOS Y QUE NADIE SE LLEVE UN GRAMO DE MINERAL SIN QUE EL PUEBLO BOLIVIANO SEPA CUÁNTO VALE Y DÓNDE TERMINA”.
Bolivia tiene una larga historia minera. Atocha y Telamayu son parte de ella. Ahora corresponde determinar si los antiguos relaves son residuos sin valor o una reserva mineral que puede representar millones para el país.
La respuesta debe estar en documentos, análisis de laboratorio, contratos, registros de transporte y trazabilidad de las cargas, no en rumores ni versiones contradictorias.
Atribuir cada denuncia con precisión
Reducir repeticiones y fortalecer estructura
Incluir derecho a respuesta de COMIBOL
