El Senado de Bolivia ha sancionado este viernes la ley que autoriza el acuerdo con el FMI por unos 1.900 millones de dólares, con el que el Gobierno de Rodrigo Paz pretende fortalecer las reservas internacionales y sostener su programa de estabilización económica.
La aprobación en la Cámara Alta, por más de dos tercios, culmina el recorrido parlamentario del Proyecto de Ley 723/2025-2026 apenas un día después de recibir el respaldo de la Cámara de Diputados.
El programa tendrá una duración de 36 meses y forma parte de una hoja de ruta económica mucho más amplia que incluye consolidación fiscal, cambios en la política cambiaria, reformas estructurales y una mayor protección focalizada de los hogares vulnerables.
Los 1.900 millones de dólares estarán destinados a reforzar las reservas internacionales y la balanza de pagos, no a financiar gasto corriente.
El pleno de la Cámara Alta recurrió a una dispensación de trámite para abordar directamente el proyecto y, tras escuchar al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, dio su aprobación en grande y en detalle. La norma queda así pendiente de su promulgación por el presidente Rodrigo Paz.
El Gobierno sostiene que los recursos del FMI servirán exclusivamente para respaldar las Reservas Internacionales Netas y la balanza de pagos.
Morales explicó ante el Parlamento que el objetivo es mejorar la disponibilidad de divisas y reforzar la capacidad financiera del país durante el proceso de estabilización.
El Ejecutivo afirma que recibió unas reservas internacionales de 3.167 millones de dólares, de las que solo 52 millones correspondían a activos líquidos.
Según los datos presentados por Economía, en agosto las RIN habían aumentado hasta 4.399 millones de dólares y las reservas líquidas superaban ya los 1.100 millones.
Las condiciones comunicadas al Parlamento fijan un periodo de amortización que comienza a los cuatro años y medio y un plazo de devolución de hasta diez años para cada desembolso. La tasa estimada se sitúa en torno al 3,47%, aunque puede variar en función de las condiciones asociadas a los DEG.
Los desembolsos, además, no se producirán de una sola vez. El programa contempla revisiones trimestrales y el cumplimiento de las metas económicas acordadas será determinante para continuar accediendo a los recursos durante los tres años de vigencia.
El acuerdo con el Fondo funciona también como una hoja de ruta de reformas fiscales, monetarias, cambiarias y estructurales para los próximos tres años
UN AJUSTE FISCAL Y CAMBIARIO DE GRAN ALCANCE
El acuerdo de Bolivia con el FMI va mucho más allá del crédito. El programa respaldado por el Fondo busca reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, reconstruir las reservas, modernizar el régimen monetario y cambiario y reforzar la protección social.
Uno de los objetivos planteados por el Gobierno es eliminar el déficit primario del sector público no financiero al término del programa.
El memorando contempla una consolidación fiscal equivalente a aproximadamente el 8,5% del PIB entre 2026 y 2029 y sitúa el déficit global en torno al 3,5% del PIB al final de ese periodo.
El plan mantiene igualmente el compromiso de evitar nuevo financiamiento monetario del Banco Central de Bolivia al déficit público y profundizar el régimen de tipo de cambio flexible que el país comenzó a aplicar este año. El propio FMI considera esta transformación monetaria y cambiaria uno de los pilares para reducir las distorsiones del mercado de divisas y reconstruir las reservas.
El Fondo ha señalado también entre las prioridades el fortalecimiento de la gobernanza y autonomía operativa del Banco Central, la mejora de la supervisión financiera, la eficiencia de la inversión pública, las prácticas de contratación y los marcos contra la corrupción y el blanqueo de capitales.
BOLIVIA ELIMINARÁ LAS SUBVENCIONES A LOS COMBUSTIBLES EN 2027
Uno de los compromisos más relevantes será la desaparición completa de la subvención a los combustibles a partir de 2027. El Presupuesto de ese ejercicio no deberá contemplar fondos del Tesoro ni de empresas estatales destinados a mantener esos subsidios y los precios internos tendrán que alcanzar niveles de recuperación de costes desde enero.
La medida estará acompañada, según el programa, por un incremento del gasto específico destinado a la asistencia social y por mecanismos de protección focalizados en los colectivos más vulnerables para amortiguar el impacto del encarecimiento de los carburantes.
El Gobierno sostiene que mantener las subvenciones supone un coste elevado para las cuentas públicas y favorece además el desvío de combustibles hacia mercados donde los precios son superiores. El Ejecutivo ha defendido que los recursos liberados deben dirigirse hacia inversión y políticas sociales.
El Ejecutivo espera que el respaldo del FMI facilite la movilización de más de 5.000 millones de dólares adicionales procedentes de organismos multilaterales
Más de 5.000 millones de financiación adicional
Uno de los efectos que el Gobierno atribuye al acuerdo es su capacidad para desbloquear nuevos recursos internacionales.
El FMI calcula que el programa puede ayudar a movilizar un paquete financiero más amplio de al menos 5.000 millones de dólares durante sus tres años de duración, procedente del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios.
El Ministerio de Economía ha incluido también a CAF entre las instituciones con las que pretende ampliar el financiamiento. A diferencia del dinero del Fondo, que se destinará fundamentalmente a reservas y balanza de pagos, estos recursos adicionales podrían dirigirse a proyectos de infraestructura, educación, salud y sectores productivos.
Las previsiones oficiales contemplan un incremento progresivo de las reservas internacionales durante los próximos años
La sanción parlamentaria no significa, sin embargo, que los 1.900 millones de dólares estén ya disponibles. El acuerdo anunciado el 29 de julio fue alcanzado entre las autoridades bolivianas y el personal técnico del FMI bajo el Servicio Ampliado del Fondo, pero el propio organismo indicó expresamente que sigue sujeto a la aprobación de su Directorio Ejecutivo y a la ejecución de determinadas acciones previas.
La información financiera del Fondo disponible hasta el 31 de agosto tampoco registra todavía un nuevo préstamo bajo el Servicio Ampliado para Bolivia.
Con la aprobación de Diputados y el Senado, Bolivia ha superado uno de los principales pasos internos para poner en marcha el programa. Tras la promulgación presidencial, el foco se trasladará a la culminación de la documentación, las acciones previas comprometidas y el posterior examen del Directorio Ejecutivo del FMI, del que dependerá la activación definitiva del financiamiento.
