LA PAZ / COCHABAMBA — El clima social en Bolivia ha alcanzado un punto de extrema tensión tras la puesta en vigencia del Decreto Supremo 5716, mediante el cual el gobierno del presidente Rodrigo Paz eliminó de forma total la subvención estatal al diésel, indexando su costo directo al mercado internacional con un precio inicial de Bs 17,95 por litro.
La medida busca cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para viabilizar un crédito de 1.900 millones de dólares.
La reacción de los sectores sociales no se hizo esperar. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, liderada por Víctor Tarqui, se declaró en emergencia y convocó a un ampliado nacional decisivo para este lunes.
La dirigencia advirtió que, de no abrogarse el decreto, el país ingresará a un bloqueo general de caminos, argumentando que el incremento del carburante impactará de forma demoledora en los pasajes interdepartamentales, interprovinciales y fletes de carga.
Asimismo, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, organizaciones de pequeños productores dieron un ultimátum de 24 horas antes de cortar de manera indefinida las rutas orientales. Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) catalogó la disposición como un atentado directo a la economía popular y alertó sobre la inminente escalada inflacionaria en los productos de primera necesidad.
En contraparte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, exhortó a las organizaciones al diálogo, enfatizando que los recursos antes destinados al subsidio (estimados en 55 millones de dólares semanales) ahora financiarán obras públicas e infraestructura básica.
El Ejecutivo recordó que se mantiene vigente un paquete de compensaciones, que incluye créditos blandos por un fondo de 800 millones de bolivianos para transportistas y gremiales, además del pago del Bono PEPE II.
No obstante, desde el gabinete político se lanzó una advertencia estricta: el país se encuentra bajo régimen de Estado de Excepción y la Administradora Boliviana de Carreteras junto a las fuerzas del orden tomarán las sanciones y acciones legales correspondientes contra cualquiera que intente bloquear carreteras o vulnerar el Estado de derecho.
Las próximas horas serán determinantes para definir si los sectores sindicales materializan las medidas de fuerza en las principales redes viales del territorio nacional.
DETALLE DE CONFLICTOS Y MEDIDAS DE PROTESTA
Actualmente, no se registra un bloqueo generalizado e indefinido de carreteras en todo el país, pero existen plazos perentorios y convocatorias de emergencia cruciales para las próximas horas:
Confederación Sindical de Choferes de Bolivia: El sector del autotransporte calificó la medida como un «golpe mortal» y una puñalada económica.
Exigen la abrogación inmediata del DS 5716. Han convocado a un Ampliado Nacional de Emergencia este lunes 21 de septiembre para determinar las medidas de presión oficiales y el inicio de un bloqueo general de caminos masivo si el Ejecutivo no retrocede.
Central Obrera Boliviana (COB): La máxima entidad sindical del país rechazó «categóricamente» la eliminación del subsidio argumentando que provocará el alza de la canasta familiar.
Se declaró en estado de emergencia y convocará a sus bases a un ampliado para fijar movilizaciones.
Comunarios y Pequeños Productores de Guarayos (Santa Cruz): Emitieron un voto resolutivo dando un plazo de 24 horas al Gobierno para anular la medida.
Advirtieron que, de vencerse el plazo, iniciarán un bloqueo indefinido de carreteras en su región por la afectación directa a la producción agrícola local.
Sector Gremial y Productores del Trópico: Se mantienen en estado de apronte expresando su preocupación por el encarecimiento logístico que impactará de forma inmediata en los mercados populares.(boliviaprensa.com – FAUSTO COPARI)
