La Paz / Cochabamba, 21 de septiembre de 2026 (Boliviaprensa).- La decisión del gobierno de Rodrigo Paz Pereira de eliminar la subvención al diésel mediante el Decreto Supremo 5716 ha desatado una ola de rechazo social, movilizaciones y bloqueos parciales en distintas regiones del país, en un escenario de profunda división política y creciente incertidumbre económica.
LA MEDIDA: PRECIO SE DISPARA Y SE ROMPE EL ESQUEMA DE 20 AÑOS
Promulgado el pasado 18 de septiembre, el decreto sube el precio del litro de diésel de 9,80 a 17,95 bolivianos, un incremento del 83%, y deja sujeta la tarifa a la variación de los mercados internacionales. Según el Ejecutivo, la subvención consumía unos 55 millones de dólares semanales —más de 2.600 millones anuales— y gran parte de ese recurso se desviaba al contrabando.
La medida coincide con la aprobación del préstamo de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, cuyo cumplimiento era condición obligatoria.
Como compensación, se anunció un paquete de bonos y transferencias por 874 millones de bolivianos, aunque amplios sectores de la población dudan de su alcance y oportunidad. La gasolina mantiene por ahora su subsidio; se prevé ajustarla recién en enero de 2027.
MOVILIZACIONES Y BLOQUEOS EN DESARROLLO: EL PAÍS EN TENSIÓN
Al cierre de esta edición, la protesta social avanza de forma fragmentada pero creciente:
– Transporte interdepartamental inició paros de 24 a 48 horas y amenaza con medidas indefinidas si no se revierte la norma.
– En Santa Cruz, se registraron bloqueos en rutas estratégicas como Mataral y Los Negros; algunos gremios negocian con el Gobierno mientras otros endurecen su postura.
– En La Paz y El Alto, transportistas anunciaron movilizaciones sin fecha de retorno.
– En el Trópico de Cochabamba, cocaleros y transportistas se mantienen en estado de alerta y movilización. El exmandatario Evo Morales llamó desde el Chapare a la resistencia calificando la medida de «traición y entrega al FMI».
– La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el decreto y convocó a ampliado nacional de emergencia para definir un plan de lucha.
– Productores agrícolas de todo el país advirtieron que el alza del insumo encarecerá la producción y encogerá la cosecha.
El Gobierno activó el despliegue de fuerzas en carreteras y mantiene vigente el Estado de Excepción por 90 días, autorizando marchas pacíficas pero advirtiendo que se desbloquearán las vías por la fuerza si fuera necesario.
AMBIENTE POLÍTICO: FRACTURA TOTAL Y DIÁLOGO SIN RUMBO
La decisión ha profundizado la polarización política:
– La oposición, encabezada por el MAS-IPSP, exige la derogación inmediata del decreto y acusa al presidente Paz de sacrificar al pueblo para cumplir con organismos financieros externos.
– Sectores aliados al gobierno muestran desasosiego y división; la cohesión parlamentaria se presenta frágil ante la impopularidad de la medida.
– El mandatario defiende: «¿Subvención o futuro? Cada dólar se lo llevan los contrabandistas», reconociendo al mismo tiempo que vendrá inflación, pero sosteniendo que sin el ajuste el colapso sería mayor.
IMPACTO INMEDIATO: CANASTA FAMILIAR, EMPLEO Y ESTABILIDAD
Analistas independientes advierten que el alza del diésel impactará de lleno en el costo del transporte de pasajeros y mercancías, encareciendo alimentos e insumos productivos con efecto inmediato en la canasta familiar. Si bien la medida podría eliminar la escasez crónica del combustible —al desaparecer el incentivo al contrabando—, el costo social se presenta alto y extendido.
Los próximos días serán decisivos: si las protestas se unifican bajo un solo comando de lucha, como plantea la COB, el país podría enfrentar un paro nacional indefinido de consecuencias impredecibles.
Por el contrario, si la fragmentación de los opositores se mantiene y los bonos de compensación llegan a tiempo, la tensión podría ceder, aunque la desconfianza hacia las autoridades difícilmente desaparecerá.
«Bolivia se encuentra en una encrucijada: entre la estabilidad fiscal que exigen los acreedores y la estabilidad social que clama la calle. El diálogo, hoy por hoy, no tiene interlocutores comunes ni agenda compartida», señalan observadores políticos. (FAUSTO COLPARI)
