LA PAZ, BOLIVIA — 28 de septiembre de 2026 — La estabilidad política y judicial de Bolivia enfrenta una profunda sacudida institucional tras la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de vetar el ingreso a su territorio y revocar las visas de un grupo de altos funcionarios bolivianos.
La medida es encabezada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, a quien la administración estadounidense ha acusado directamente de incurrir en «corrupción significativa» y de recibir sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico.
La sanción contra la máxima autoridad del Ministerio Público, que también alcanza a más de 20 fiscales, jueces, mandos policiales y un exministro, ha detonado inmediatas y severas reacciones en las esferas de poder en Bolivia, avivando el debate sobre la infiltración de redes criminales transnacionales y la impunidad en el país.
EXIGENCIAS DE DESTITUCIÓN Y FISCALIZACIÓN INMEDIATA
Desde el Órgano Legislativo, las repercusiones políticas se han manifestado con demandas unánimes de rendición de cuentas:
• Petición de Juicio de Responsabilidades: El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, declaró públicamente que Mariaca debe abandonar su cargo de inmediato para someterse a una investigación exhaustiva.
Alarcón adelantó que la bancada opositora impulsará un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para esclarecer el supuesto favorecimiento a delincuentes violentos y organizaciones de narcotráfico.
• Solicitud de Informes y Destitución: Por su parte, legisladores de otras agrupaciones, como la bancada de Libre, anunciaron que solicitarán informes formales sobre la gestión de Mariaca ante la ALP antes de emitir una postura definitiva.
No obstante, cuestionaron severamente la aparente inacción fiscal en escándalos de repercusión internacional que empañan la imagen país, tales como el caso «Narcomaletas» en el aeropuerto de Viru Viru y la fuga del capo Sebastián Marset.
Parlamentarios aliados como Egidio Arce (PDC) calificaron como «prudente» que la autoridad dé un paso al costado en vistas de la gravedad de los señalamientos.
CONTRASTE CON LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL ANTIDROGA
Estas graves acusaciones contra el aparato judicial boliviano colisionan con los recientes esfuerzos del Órgano Ejecutivo por exhibir una lucha frontal contra las mafias de la droga. Apenas semanas antes, el Ministerio de Gobierno, liderado por Marco Antonio Oviedo, promulgó la Política Antidroga 2026–2030, orientada a perseguir los flujos financieros ilícitos de las organizaciones criminales transnacionales tras detectarse un avance tecnológico sofisticado por parte de estas mafias en las fronteras y el trópico.
Asimismo, el pasado 22 de septiembre, el Estado de Bolivia suscribió junto a otras 14 naciones de la región la declaración de la iniciativa internacional “Escudo de las Américas”.
Dicha alianza multilateral establece el compromiso explícito de ejecutar restricciones migratorias y financieras conjuntas contra redes delictivas, una ironía de cara a la sanción unilateral aplicada hoy por Washington contra los principales operadores de justicia bolivianos.
SILENCIO INSTITUCIONAL Y DEFENSA LEGAL
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha evitado emitir un pronunciamiento corporativo detallado respecto al informe de exclusión emitido por EE.UU.
En declaraciones previas a este incidente, Roger Mariaca ha enfatizado firmemente que el Ministerio Público actúa de manera autónoma y bajo el amparo de la Constitución, insistiendo en que la institución se mantiene al margen de presiones políticas o de intereses de terceras naciones.
Adicionalmente, sectores afines al fiscal han abogado por el respeto al derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso legal nacional antes de dictaminar cualquier remoción forzada.
Las próximas horas serán determinantes en la sede de Gobierno y en Sucre para definir el futuro del Ministerio Público y verificar si la presión social y legislativa obliga a una reconfiguración de las autoridades judiciales de Bolivia.
