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Avanza la Ley Antibloqueos: Comisión de Diputados aprueba el proyecto de ley que prevé penas de hasta 10 años de cárcel

LA PAZ, BOLIVIA — 7 de octubre de 2026 — En un paso decisivo para la reconfiguración legal del país frente a la conflictividad social, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 070/2025-2026, denominado oficialmente Ley para Garantizar la Libre […]

LA PAZ, BOLIVIA — 7 de octubre de 2026 — En un paso decisivo para la reconfiguración legal del país frente a la conflictividad social, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 070/2025-2026, denominado oficialmente Ley para Garantizar la Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano.

El documento final, que unifica 10 propuestas legislativas previas, fue remitido al pleno de la Cámara Baja para su posterior debate y tratamiento.

El presidente de la comisión legislativa, el diputado Manolo Rojas, informó que la normativa introduce formalmente el tipo penal de «obstrucción grave a las rutas públicas», estableciendo un régimen sancionatorio estricto con penas de privación de libertad que oscilan entre los 3 y los 10 años de prisión, calculados según el nivel de agravantes y violencia.

MEDIDAS PENALES CONTRA LOS BLOQUEOS DE CARRETERAS

La propuesta legal busca garantizar de forma integral el derecho a la salud, la alimentación, el trabajo y la libre locomoción, fuertemente afectados en el pasado por movilizaciones prolongadas. Las sanciones penales se dividen en los siguientes niveles:

• Penas de 3 a 6 años: Aplicadas a quienes interrumpan vías públicas impidiendo el tránsito de servicios de emergencia, el abastecimiento indispensable de insumos o el desarrollo de actividades laborales.

• Penas de 5 a 8 años: Dirigidas directamente contra los autores intelectuales, promotores, financistas, instigadores u organizadores de las medidas de presión.

• Penas de hasta 10 años: Aplicables en situaciones extremas que involucren el uso de armas de fuego, explosivos, emboscadas o agresiones que busquen impedir de forma violenta el restablecimiento del libre tránsito por parte de las fuerzas de seguridad.

SANCIONES PARA AUTORIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

Como novedad dentro del sistema judicial boliviano, el proyecto estipula una fuerte corresponsabilidad para alcaldes, gobernadores, ministros y otros servidores públicos.

Aquellos funcionarios competentes que sean notificados de un conflicto social tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para instalar mesas de diálogo o gestionar soluciones.

De ignorar o no atender el conflicto injustificadamente, enfrentarán cargos por incumplimiento de deberes con agravantes penales que contemplan de 3 a más de 6 años de cárcel y la inhabilitación del cargo.

INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA Y SALVAGUARDAS

El marco regulatorio establece que la Policía Boliviana y la Fiscalía General del Estado actuarán de forma directa y bajo la figura de flagrancia si un bloqueo acumula seis horas continuas o discontinuas en un mismo día. Adicionalmente, el texto prevé que, si la capacidad policial se ve sobrepasada por violencia extrema, se autorizará el apoyo de las Fuerzas Armadas bajo estrictos protocolos de uso proporcional de la fuerza.

A pesar de la rigidez de las penas, el diputado Omar Muriel Vásquez aclaró que la legislación no vulnera el derecho constitucional a la protesta pacífica, siempre y cuando las manifestaciones no coarten los derechos fundamentales de terceros.

PRÓXIMOS PASOS EN EL DEBATE NACIONAL

El proyecto de ley ya cuenta con el respaldo técnico de los ministerios de Gobierno, Presidencia y Defensa. No obstante, enfrenta la abierta resistencia de organizaciones sindicales como la Central Obrera Boliviana (COB), que consideran la medida un intento de criminalización de la protesta social.

Ante la polarización del escenario, legisladores han sugerido llevar a cabo una serie de audiencias públicas de socialización e incluso proponen la posibilidad de someter la permanencia de la norma a un referéndum ciudadano.

ATT propone incremento de 15% en pasajes interdepartamentales y diálogo entra en cuarto intermedio

Luego de más de tres horas de diálogo entre la Confederación de Choferes de Bolivia y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la reunión ingresó a cuarto intermedio tras la propuesta de la entidad reguladora de establecer un incremento transitorio del 15% en las tarifas del transporte interdepartamental, tomando en cuenta el nuevo precio del diésel.

La propuesta será analizada por los representantes del sector antes de retomar las conversaciones.

“Les hemos hecho una propuesta de incremento, tomando en cuenta el precio del diésel y sobre esta base se ha discutido. Ellos tienen una propuesta que está muy alejada de lo que la ATT considera que debe subirse porque afectaría severamente al ciudadano y, por lo tanto, planteamos otra propuesta que la tienen que considerar”, informó el director de la ATT, Carlos Agreda, en una rueda de prensa.

Explicó que deben atender no solo las demandas del sector del transporte, sino también las de los usuarios, porque algunos operadores ya aumentaron los costos de pasajes entre un 40% y hasta 100%, por lo que se les inició un proceso.

“En estas últimas dos semanas, el flujo de pasajeros ha disminuido de manera muy sustancial y esto es porque la gente no puede pagar los incrementos”, dijo.

SOSTUVO QUE SU PROPUESTA FUE DEL 15%.

“Vamos a discutir todavía ese monto, a ellos les ha parecido insuficiente, pero su contrapropuesta está muy alejada de esto, hemos hecho un cuarto intermedio y confiamos entonces en que vamos a poder llegar a un acuerdo porque la ATT tiene la más amplia disponibilidad de continuar dialogando y ver todos los aspectos técnicos”, dijo Agreda.

Aún no se confirmó a qué hora se retomará el diálogo, pero, preliminarmente, indicaron que sería a las 16.00, de acuerdo con el reporte de la ATT.

GESTIONES DEL GOBIERNO

Ante la eliminación de la subvención del diésel, el presidente Rodrigo Paz impulsó una serie de beneficios para los transportistas, los cuales son ejecutados por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, como el programa Patria, que busca renovar y transformar el parque automotor de los servicios de transporte público.

Asimismo, se incorporó al transporte automotor dentro de la categoría de crédito productivo mediante el Decreto Supremo 5739, la medida permitirá que los transportistas puedan acceder a financiamiento para fortalecer y renovar sus unidades de trabajo.

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