Eduardo Mérida denuncia cobros de Bs 700 a 800 por puestos en espacios públicos y cuestiona la destitución de cinco gendarmes. Comerciantes piden investigar el manejo de patentes y el uso de calles y aceras.
QUILLACOLLO, BOLIVIA.— Una grave denuncia sobre la presunta comercialización de puestos de venta en espacios públicos sacude al municipio de Quillacollo.
El abogado Eduardo Mérida afirmó que cinco gendarmes municipales y numerosos comerciantes denunciaron supuestas irregularidades en la asignación de puestos en la plaza principal Bolívar y en las aceras de distintas calles de la ciudad.
Según la denuncia, se estarían cobrando entre 700 y 800 bolivianos por puestos de venta, presuntamente bajo la modalidad de asignación de espacios públicos con patentes municipales. Mérida señaló que estos hechos deben ser investigados para establecer quiénes autorizan los asentamientos, quiénes reciben el dinero y si los cobros ingresan legalmente a las arcas municipales.
El abogado también denunció que, después de conocerse estos hechos, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, dispuso la destitución de cinco gendarmes municipales, medida que cuestionó por considerar que no tendría una justificación suficiente.
Las circunstancias de esas desvinculaciones y los motivos oficiales de la decisión deberán ser aclarados por las autoridades competentes.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LOS PUESTOS Y LAS PATENTES?
La ocupación de calles, aceras y espacios públicos por comerciantes genera cuestionamientos sobre el ordenamiento urbano y la transparencia en la administración municipal.
Una de las principales interrogantes planteadas por la denuncia es cuánto dinero recauda realmente la Alcaldía de Quillacollo por concepto de patentes, autorizaciones y uso de espacios públicos.
También corresponde establecer qué montos están autorizados por normativa municipal, quiénes están habilitados para cobrar y qué mecanismos de fiscalización se aplican.
Si existen cobros por la asignación de puestos, la ciudadanía tiene derecho a conocer si estos se encuentran respaldados por disposiciones legales, si cuentan con recibos oficiales y si los recursos son depositados en las cuentas municipales.
La falta de información pública suficiente sobre estos aspectos, de confirmarse, justificaría una revisión documental y una explicación formal de las autoridades municipales.
COMERCIANTES DENUNCIAN Y PIDEN QUE SE INVESTIGUE
De acuerdo con Mérida, comerciantes afectados habrían iniciado acciones contra el alcalde y otros funcionarios por presuntos hechos relacionados con enriquecimiento ilícito y estafa.
El abogado sostiene que el problema involucraría a un número considerable de vendedores, superior a los 2.000, según la denuncia.
La presentación de acciones legales no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad. Corresponde al Ministerio Público verificar los antecedentes, recibir las declaraciones de los denunciantes, revisar los documentos y determinar si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar una investigación penal.
Asimismo, las autoridades deberán aclarar si hubo cobros irregulares, intermediarios, asignaciones indebidas de puestos o perjuicios económicos a los comerciantes.
EXIGEN TRANSPARENCIA Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
La plaza Bolívar y las aceras de Quillacollo son espacios de uso público que deben administrarse conforme a las normas municipales. Su ocupación debe responder a criterios transparentes, sin privilegios ni cobros clandestinos.
Ante las denuncias, corresponde solicitar a la Alcaldía un informe detallado sobre:
El número de puestos de venta autorizados en la plaza Bolívar y otras calles.
Las tarifas oficiales por patentes, permisos y ocupación de espacios públicos.
La recaudación municipal por estos conceptos durante las últimas gestiones.
La identidad de las unidades y funcionarios responsables de las autorizaciones y los cobros.
Las razones administrativas que motivaron la destitución de los cinco gendarmes.
Las medidas adoptadas para ordenar el comercio y garantizar la libre circulación peatonal.
También resulta necesario que la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público y las demás instancias competentes evalúen los antecedentes dentro de sus atribuciones.
QUILLACOLLO NECESITA RESPUESTAS
La ciudadanía no puede quedar al margen de las decisiones que afectan el uso de sus calles, plazas y aceras. Si hubo cobros ilegales o apropiación de recursos públicos, los responsables deberán responder ante la justicia; si las denuncias no se sustentan, corresponde esclarecer los hechos y proteger la honra de las personas señaladas.
La exigencia es clara: transparencia en las recaudaciones, investigación imparcial de las denuncias, respeto al debido proceso y sanciones conforme a ley para quienes resulten responsables.
Quillacollo necesita recuperar el orden urbano y garantizar que los espacios públicos sean administrados en beneficio de toda la población, no mediante mecanismos opacos que generen sospechas de privilegios o corrupción.


