A través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogó por garantizar la continuidad de las elecciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Bolivia.

El documento fue emitido el viernes, un día después de que se publicó la sentencia constitucional 0770/2024-S4 de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dispone declarar desierta la convocatoria a Magistradas y Magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

“En todo momento, debe preservarse la institucionalidad y garantizarse la continuidad de los procesos democráticos en curso, incluyendo las elecciones de autoridades judiciales”, señaló la CIDH en su amplio comunicado donde abordad la actual coyuntura política y social en el país.

Ya en esta jornada, por su cuenta en X, la CIDH señaló que “es indispensable que el Estado y la sociedad boliviana incorporen el diálogo como vía para superar los conflictos sociales existentes en el país; así como evitar que el clima de polarización obstruya la celebración de las elecciones de autoridades judiciales”.

Recordó, además, “que la demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia de las más altas instancias puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia y causar afectaciones al Estado de derecho como elemento indispensable de la democracia y la vigencia de los derechos humanos”.

Por ello, la CIDH instó a “la celebración pacífica de elecciones de autoridades judiciales previstas para el 15 de diciembre”.

Frente a la decisión del TCP que pone en duda la celebración de las elecciones judiciales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, aseguró que el Órgano Electoral precautelará “el normal desarrollo de las elecciones judiciales”.

Advirtió que la sentencia constitucional “incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, establecido en diversas normas del ámbito electoral” como el artículo 2 inciso k) de la Ley 018, el artículo 190 de la Ley 026 y el artículo 4, inciso j) de la Ley 1549.

“La preclusión es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano. En consecuencia, la sentencia constitucional Nro. 0770/2024-S4, a tiempo de atentar contra este principio (así sea de manera excepcional), sienta un funesto precedente y pone en riesgo la realización de cualquier proceso electoral en el futuro”, alertó.

En ese contexto, el TSE planteó ante la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional una solicitud de explicación, complementación y enmienda sobre la sentencia constitucional.

En paralelo, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que dispone la prosecución del proceso electoral judicial en su integridad, en resguardo del principio de preclusión y de la unicidad del proceso, ya que “no es pertinente llevar adelante un proceso electoral fragmentado”.

Además, convocó para el lunes a los representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y al propio presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como al señor Fiscal General del Estado y representantes de las organizaciones políticas, a una reunión en la que se analice la situación generada por la Sentencia 0770/2024, en el marco de la previsión contenida en el artículo 9 de la Ley 018, según la cual la responsabilidad sobre un proceso electoral no es exclusiva del Tribunal Supremo Electoral o del Órgano Electoral en su conjunto, sino es responsabilidad de todos.