Según fuentes políticas y reportes institucionales, militantes y cuadros cercanos a Unidad Nacional (UN) han empezado a ocupar de manera acelerada los principales cargos en el aparato estatal, desde ministerios estratégicos hasta entidades descentralizadas.

La transición, que oficialmente se presenta como un “relanzamiento institucional”, es vista por analistas como una concentración inédita del poder en manos del líder histórico de UN, Samuel Doria Medina, quien —según afirman voces críticas— estaría utilizando su influencia para copar posiciones clave y asegurar el control político del Estado.

En los últimos días, varias designaciones han generado preocupación en sectores civiles y opositores, que denuncian que la repartición de cargos prioriza lealtades partidarias por encima de la meritocracia, especialmente en áreas sensibles como economía, hidrocarburos, empresas estatales, comunicación y gestión administrativa.

Para diversos analistas, la presencia abrumadora de perfiles vinculados a Unidad Nacional en la nueva estructura gubernamental puede constituir un riesgo para el equilibrio institucional del país.

Señalan, además, que la falta de transparencia en los procesos de selección podría precarizar la eficacia del Estado y agudizar la tensión política.

Organizaciones sociales y movimientos ciudadanos han solicitado que el nuevo Gobierno brinde explicaciones sobre los criterios empleados para conformar el gabinete y los equipos técnicos, mientras crece la percepción de que Doria Medina ha logrado posicionar a su partido en prácticamente todos los espacios neurálgicos del poder.

Mientras tanto, la población espera señales de estabilidad y un plan claro de gestión pública. Sin embargo, el debate sobre la independencia institucional y la concentración política continúa encendiendo alertas en distintos sectores del país.