Bolivia enfrenta en 2026 un panorama socioambiental grave. Minería ilegal que avanza pese a fallos judiciales, crimen organizado en la Amazonía, obras que amenazan fuentes de agua, pueblos indígenas al borde de la desaparición y defensores ambientales criminalizados son algunos de los hechos más preocupantes que hemos documentado en el país.

En 2026, frenar la minería ilegal y enfrentar la crisis económica sin sacrificar el medioambiente son algunos de los principales retos de Bolivia. Pero el panorama se complica con el debilitamiento institucional tras la disolución del Ministerio del Ambiente y Agua.

Por ejemplo, la minería ilegal sigue siendo un problema persistente. A pesar de que el río Tuichi fue declarado sujeto de derechos, líderes indígenas denuncian la existencia de al menos 42 operaciones mineras ilegales dentro del Parque Nacional Madidi.

En la frontera entre Bolivia y Brasil, también documentamos que el crimen organizado expande la minería ilegal en la cuenca del río amazónico Iténez. Oro, manganeso y piedras preciosas alimentan a mafias criminales que operan con altos niveles de impunidad.

La construcción de un túnel dentro del Parque Nacional Aguaragüe también genera conflicto en el país. La obra enfrenta al Gobierno de Rodrigo Paz con el pueblo indígena guaraní.

A esto se suma que los pacahuaras, uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución de Bolivia, enfrentan la desaparición inminente

El pueblo indígena ese ejja de Eyiyoquibo también está al borde de la desaparición en Bolivia. Tras casi 30 años de espera, el Estado no ha garantizado su territorio ancestral y los ha dejado a merced de los acaparadores de territorio.

Recientemente, la Fiscalía rechazó un nuevo proceso penal contra 17 defensores ambientales de la reserva de Tlariquía, denunciados por Petrobras tras bloquear el ingreso a la zona de amortiguamiento del área protegida. Activistas y expertos denuncian criminalización.