Bolivia soporta una escalada de bloqueos que estrangula las carreteras. Mientras sectores sociales exigen mejoras ante la crisis, el Gobierno denuncia un plan radical para acortar el mandato de Rodrigo Paz.

​LA PAZ / COCHABAMBA — boliviaprensa.com - Bolivia atraviesa semanas críticas marcadas por una intensa conflictividad social y política que amenaza con desbordar la estabilidad del país.

Con más de 25 puntos de bloqueo activos en las principales rutas troncales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y el Beni, la combinación de demandas económicas rezagadas y pulsos por el control político han puesto en jaque el orden constitucional, a sólo seis meses del inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz.

​Lo que comenzó como protestas sectoriales en rechazo a normativas regulatorias (como la polémica y ya abrogada Ley 1720) y reclamos por la escasez y mala calidad de los combustibles, ha mutado en una movilización de alcance nacional con consignas abiertamente políticas.

Sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio rural, mineros y la Federación de Campesinos Túpac Katari han radicalizado sus medidas de presión, exigiendo ahora la renuncia del jefe de Estado.

​Los efectos de esta medida de presión ya muestran un saldo profundamente negativo: desabastecimiento de alimentos en los mercados urbanos, encarecimiento de la canasta familiar, pérdidas millonarias para el comercio exterior y, de manera trágica, el deceso de al menos tres personas debido a la imposibilidad de que las ambulancias y servicios de emergencia médica transiten por las carreteras bloqueadas.

Detrás de la legitimidad de los ciudadanos que marchan pidiendo mejores condiciones de vida ante la inflación y la falta de dólares, se mueve un complejo tablero de ajedrez político.

El Poder Ejecutivo ha denunciado de forma categórica la existencia de un “plan macabro” orquestado por sectores radicales afines al expresidente Evo Morales y dirigentes sindicales afines, cuyo objetivo último no sería la negociación sectorial, sino forzar una ruptura del hilo constitucional de la República.

​Por su parte, el presidente Rodrigo Paz atribuyó el trasfondo del conflicto a las "debilidades estructurales arrastradas del Estado" y a los focos de corrupción que históricamente han instrumentalizado la protesta social.

Ante la gravedad de la situación, las fuerzas del orden iniciaron operativos policiales y militares para intentar liberar las rutas estratégicas, asegurando el uso de mecanismos no letales, mientras la justicia admitió recursos de Acción Popular contra los principales promotores de los cercos viales.

En las últimas horas, una coalición de ocho países de la región emitió un comunicado conjunto manifestando su profunda preocupación por la situación humanitaria del país y expresando su firme rechazo a cualquier intento de desestabilización no democrática en Bolivia.

​Para los analistas y la opinión pública, el escenario actual requiere de manera urgente separar las demandas económicas genuinas de las familias bolivianas—que exigen respuestas efectivas a la recesión—de las ambiciones de poder de liderazgos que buscan aprovechar el descontento para sembrar el caos y derrocar administraciones legítimamente constituidas.

Bolivia se encuentra en una encrucijada: o prevalece el diálogo sincero bajo el paraguas de las leyes, o el país se sumergirá en un abismo de ingobernabilidad de impredecibles consecuencias para la economía de los hogares más vulnerables. (boliviaprensa.com) Fausto Colpari