SUCRE: (boliviaprensa.com) - En una jornada marcada por la tensión política y una profunda crisis social, la Cámara de Senadores de Bolivia, presidida por el legislador Diego Ávila Navaja, aprobó este domingo tanto en su estación en grande como en detalle la abrogación total de la Ley 1341.

Esta normativa, promulgada originalmente en 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, imponía estrictos candados institucionales al control del orden público, obligando al Ejecutivo a depender directamente de la validación exprés de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para sostener un estado de sitio o emergencia.

La propuesta, que fue inicialmente impulsada en la palestra política por el diputado de la alianza opositora Unidad, Carlos Alarcón, busca "devolver las prerrogativas constitucionales" al Gobierno Central para hacer frente a la escalada violenta que azota al territorio nacional.

Tras la aprobación por más de dos tercios de los legisladores presentes en la capital del país, el texto fue remitido de manera inmediata a la Cámara de Diputados para su respectiva revisión y sanción final.

Un freno a la parálisis estatal en medio de bloqueos: La celeridad con la que actuó la Cámara Alta responde de forma directa a la crítica coyuntura que asfixia a la economía boliviana.

Con más de 50 puntos de bloqueo activos en seis departamentos del país, un desabastecimiento severo de alimentos y reportes recientes de enfrentamientos con armas de fuego y la retención ilegal de efectivos policiales, el debate sobre la seguridad del Estado se ha tornado impostergable.

Hasta la fecha, el marco normativo de la Ley 1341 estipulaba que cualquier declaratoria presidencial de estado de excepción caducaría automáticamente en 24 horas si no recibía la aprobación de la mayoría absoluta del Legislativo, un requisito que los promotores de la reforma consideraban un obstáculo burocrático inviable en momentos de conmoción inmediata.

Alarcón fundamentó la urgencia señalando que la norma derogada "maniataba a la administración" y desprotegía a la ciudadanía frente a grupos radicales.

El retorno directo al mandato de la Constitución: Con la eliminación de este filtro legislativo intermedio, los mecanismos de excepción volverán a regirse exclusivamente bajo el amparo directo de los artículos 137 al 140 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Esto devolverá al Presidente de la República y a su Consejo de Ministros la capacidad jurídica de decretar la medida de forma ágil ante peligros para la seguridad nacional, desastres naturales o amenazas externas, manteniendo los controles internacionales de protección a los derechos humanos y garantías fundamentales.

Mientras el proyecto avanza con premura hacia la cámara revisora de Diputados, líderes de la opinión pública nacional y expresidentes han coincidido en que el restablecimiento del orden constitucional y el libre tránsito por las carreteras del país son urgencias primordiales que el Estado debe garantizar democráticamente de forma imperativa.