Cerca de cumplirse un mes del inicio de las protestas y bloqueos en Bolivia, el conflicto no tiene una salida. Pese a los operativos de despeje desplegados por el gobierno de Rodrigo Paz, las rutas continúan interrumpidas en distintos puntos del país y este miércoles comienza un paro indefinido de sectores del transporte en La Paz.

Mientras se profundiza la crisis política y social, ambas cámaras legislativas aprueban agilizar el “estado de excepción” para que el ejecutivo asegure la “legalidad” represiva.

Según reportes recientes, al menos 59 bloqueos seguían activos en seis regiones bolivianas tras el fracaso de nuevos operativos represivos. Mientras el gobierno de Paz recibe el apoyo de Milei y de Lula da Silva.

En medio de la escalada, comienzan a circular denuncias sobre al menos seis personas fallecidas durante las jornadas represivas y enfrentamientos, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial unificada sobre la cifra total de víctimas.

Organizaciones sociales y sectores movilizados responsabilizan al gobierno por la militarización y el endurecimiento de las respuestas estatales.

La situación también se agrava por la persecución contra dirigentes sindicales y sociales. Desde la Central Obrera Boliviana denunciaron órdenes de captura y hostigamiento contra referentes de la protesta.

Mario Argollo, uno de los dirigentes vinculados a la conducción de la COB, habría pasado a la clandestinidad tras conocerse una orden de aprehensión en su contra, mientras distintos sectores denuncian una avanzada judicial y policial para desarticular las movilizaciones.

En paralelo, el gobierno impulsó modificaciones y reinterpretaciones legales orientadas a agilizar la aplicación del estado de excepción y facilitar la intervención de fuerzas de seguridad en zonas de conflicto.

Organizaciones de derechos humanos y juristas bolivianos alertan que estas medidas abren la puerta a una mayor criminalización de la protesta social y consolidan un esquema de excepcionalidad permanente.

El gobierno avanzó en el Congreso con una reforma clave que distintos sectores denuncian como un salto en la concentración de poder estatal en medio del conflicto.

La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó por más de dos tercios la abrogación de la Ley 1341 —conocida como “Ley Eva Copa”—, iniciativa que hoy también fue respaldada en la Cámara de Diputados. La norma regulaba los estados de excepción y establecía mecanismos de control parlamentario sobre las facultades extraordinarias del Ejecutivo.

Hasta ahora, la Ley 1341 obligaba al gobierno de Rodrigo Paz a informar a la Asamblea Legislativa en un plazo de 24 horas cada vez que decretaba un estado de excepción, además de someter la continuidad de esa medida a supervisión y aprobación legislativa.

Con la eliminación de esa ley, el Ejecutivo gana mayor margen para declarar estados de excepción y desplegar a las Fuerzas Armadas con menos límites institucionales y menores controles políticos.

Como cortina de humo, el gobierno de Rodrigo Paz también anunció una rebaja salarial para ministros y altos funcionarios del Ejecutivo, presentando la medida como parte de un plan de “austeridad” frente al deterioro financiero y el aumento del conflicto social.

La represión tampoco logró frenar el conflicto territorial. Este martes, efectivos policiales intentaron liberar el bloqueo de Parotani, sobre la ruta entre Cochabamba y Oruro. Según reportes locales, los manifestantes respondieron con explosiones de dinamita y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales.

Mientras tanto, el malestar social continúa extendiéndose hacia otros sectores. Los choferes de La Paz anunciaron un paro indefinido a partir de este miércoles, profundizando el escenario de tensión y desabastecimiento.

La medida busca denunciar la crisis económica, la falta de combustibles y el deterioro generalizado de las condiciones laborales.

El conflicto boliviano también comenzó a generar alineamientos regionales. El presidente argentino Javier Milei expresó respaldo político y logístico al gobierno boliviano en medio de la crisis, en sintonía con los acuerdos de cooperación y seguridad impulsados en las últimas semanas.

Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también manifestó públicamente su apoyo a Rodrigo Paz y ratificó el fortalecimiento de la integración bilateral entre Brasil y Bolivia.

Las muestras de apoyo internacionales contrastan con una situación interna que parece lejos de estabilizarse. La Paz atraviesa ya su cuarta semana de conflicto sin avances concretos hacia un diálogo efectivo entre el gobierno y los sectores movilizados.