La Cámara de Senadores aprobó la noche de este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que busca establecer el marco jurídico para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones que pongan en riesgo el orden público, la seguridad y la transitabilidad en el país. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La sesión se desarrolló bajo modalidad híbrida, con participación presencial y virtual de los legisladores, debido a las dificultades de desplazamiento provocadas por los bloqueos que afectan a distintas regiones del país. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, dirigió el debate y sometió el proyecto a votación, obteniendo el respaldo de la mayoría del pleno.

La propuesta, enviada originalmente por el Órgano Ejecutivo, fue modificada durante su análisis en la Cámara Alta antes de recibir la aprobación correspondiente. El texto consta de 27 artículos y una disposición única, y tiene como finalidad reglamentar la aplicación de los estados de excepción contemplados en la Constitución Política del Estado.

Entre sus principales disposiciones, la norma establece que el Órgano Ejecutivo podrá aplicar restricciones temporales a la circulación de personas, limitar reuniones en espacios públicos y reforzar la seguridad de instalaciones estratégicas cuando las circunstancias lo ameriten. Asimismo, fija que la vigencia de un estado de excepción no podrá superar los 90 días, salvo autorización expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proyecto también contempla la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana cuando esta sea rebasada por situaciones de conmoción interna. Dicho apoyo deberá ser autorizado por el Presidente del Estado y estará destinado a la protección de infraestructura estratégica, hospitales, aeropuertos, carreteras fundamentales y operaciones humanitarias.

La norma establece además que el uso de la fuerza deberá aplicarse como último recurso y de manera proporcional a la amenaza existente. También señala que ningún estado de excepción podrá suspender garantías constitucionales ni vulnerar el derecho al debido proceso, y obliga al Ejecutivo a presentar informes periódicos a la Asamblea Legislativa sobre las medidas adoptadas.

La aprobación de esta iniciativa se produce en medio de un escenario marcado por bloqueos y conflictos sociales en diferentes regiones del país, mientras diversos sectores demandan soluciones que permitan restablecer la normalidad y garantizar la libre transitabilidad.