El Gobierno de Bolivia definió que el Ejército responderá a los bloqueos en todo el país dentro de la legalidad y con “serenidad”. Durante un acto oficial, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó: “Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza, y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo”.

Justiniano sostuvo que la respuesta no será “improvisada”, sino “institucional, democrática y de Estado”, y planteó que el Gobierno no enfrenta un conflicto interno aislado, sino amenazas con “componentes transnacionales”, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico con capacidad para “debilitar al Estado” y “someter a la población mediante el miedo”.

En esa línea, remarcó: “La protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”.

El contexto de las declaraciones quedó marcado por jornadas consecutivas de bloqueos y protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana y colectivos rurales. Las primeras demandas exigieron mejoras salariales y condiciones de vida, pero luego se sumó el pedido de renuncia del presidente.

El lunes se promulgó la Ley 1740, que regula los estados de excepción, habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas y establece que cualquier medida extraordinaria deberá disponerse por decreto, con un plazo máximo de 90 días y posibilidad de extensión solo si lo autoriza la Cámara Legislativa.

La ola de protestas derivó en crisis de abastecimiento y episodios de violencia. En San Julián, seis policías resultaron heridos por armas de fuego. El Gobierno reportó 13 fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a servicios médicos por los bloqueos.

Ante esos hechos, el Ministerio de Salud reclamó: “Las restricciones al tránsito están impidiendo que pacientes en estado crítico reciban atención médica a tiempo. Ambulancias detenidas, tratamientos interrumpidos y retrasos en el traslado de emergencias tienen consecuencias irreparables. La vida y la salud están por encima de cualquier interés político”.

En Cochabamba, surgieron amenazas de dirigentes locales que declararon un “estado de sitio” civil y lanzaron advertencias contra la presencia de “infiltrados”.

El gobernador Leonardo Loza recibió una denuncia por uso indebido de bienes del Estado tras intentar cruzar un corte en una ambulancia para asistir a una ceremonia, hecho que el vocero de la Gobernación dio por confirmado.

La tensión se mantuvo con más de 80 piquetes en seis departamentos y sin una solución concreta. El presidente Rodrigo Paz, al promulgar la ley, advirtió: “Tienen los días contados”, sin precisar plazos ni detallar la estrategia para resolver la crisis. Mientras tanto, el Ejecutivo convocó a los sectores movilizados al diálogo y reiteró que el Ejército actuará bajo la legalidad y con “serenidad” ante los bloqueos.