Dos acciones de representantes de las Naciones Unidas (ONU) parecen bajar la tensión en los reclamos que ejercen la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada preventivamente, y su hija Carolina Ribera, que exige justicia para su madre.

Anoche se conocio, fue admitido un recurso de acción de libertad por parte de Áñez en contra de la gobernadora de la cárcel de Miraflores y Régimen Penitenciario.

La Misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia informó anoche que visitó a Jeanine Áñez en el penal de Miraflores y verificó que la expresidente mantiene su protesta pacífica.

A través de cuatro mensajes difundidos en su cuenta de twitter, la Misión señala que "ha verificado las condiciones de su huelga de hambre y comprobó que hasta el momento se ha respetado su decisión, como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica".

También constató que no se produjo ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación y tratamientos médicos forzados y recuerda que los estándares internacionales establecen que todo tratamiento médico o alimentación forzados podrían equivaler a tortura o malos tratos.

El viernes el juez Franklin Siñani, a tiempo de modificar la orden de traslado hospitalario de Áñez, dispuso una resolución complementaria ordenando que, en caso de urgencia, Áñez sea tratada aun contra su voluntad para recibir tratamiento médico.

Áñez no pudo ser trasladada a un centro médico debido a que grupos afines al MAS tomaron la calle y la salida principal de la cárcel, para impedir que sea llevada a un centro de salud, luego que durante una audiencia de acción de libertad se descompensara obligando a suspender la misma.

“Se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamiento forzados. Los estándares internacionales establecen que todo tratamiento médico o alimentación forzados podrían equivaler a tortura o malos tratos”, establece la misión en un hilo de mensajes en Twitter.

Áñez empezó hace 11 días una huelga de hambre en el penal de Miraflores reclamando respeto a sus derechos y en contra del juicio activado en su contra por haber asumido la Presidencia del Senado, que luego le permitió tomar el poder, sin cumplir los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates, según la Fiscalía.

El juez Franklin Siñani ordenó el viernes que ante su delicado estado de salud sea trasladada al Hospital de Clínicas para su atención aun en contra de su voluntad. Protestas de afines al oficialismo y familias de las víctimas de las masacres de 2019 en puertas de la cárcel impidieron su evacuación.

Ante esa situación, Siñani complementó su fallo y dispuso que sea atendida por personal del Hospital de Clínicas en la cárcel, aun en contra de su voluntad. Carolina Ribera, hija de la exmandatario, cuestionó la determinación y afirmó que se trata de una injerencia del Ejecutivo en el Judicial.

“La Misión resalta que, en caso de un traslado urgente de una persona privada de libertad a un centro médico por instrucción de un juez, el Estado es responsable de preservar el orden público para garantizar la seguridad de esa persona y hacer cumplir la disposición judicial”, sostiene la misión.

Además, aseguró que “continuará trabajando en coordinación con las autoridades para que el Estado garantice los derechos de todas las personas privadas de libertad, resguardando todos sus derechos, en particular, su integridad física y psicológica”.