El relator de la ONU, Diego García-Sayán, presentó este martes su informe preliminar tras concluir su vista en Bolivia para observar la independencia de la justicia boliviana. Su informe preliminar tiene nueve conclusiones.

En una conferencia de prensa, García Sayán señaló que como relator no llegó a Bolivia  para tomar posición en contra o a favor de determinadas causas o personas.

Remarcó que su trabajo se basó en “examinar la situación de la justicia a analizar cuáles son las restricciones para un adecuado acceso y funcionamiento de la justicia e independencia de la misma y alcanzar recomendaciones al Estado”.

Asimismo, remarcó que entregará el informe oficial en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Estas son las conclusiones preliminares del Relator sobre la independencia de la justicia en Bolivia:

En Bolivia la justicia está lejos de la gente.  En este punto, señaló que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justica responda a dramas cotidianos, y realzó los casos de excarcelaciones por “medios corruptos” para beneficiar a delincuentes. “Estamos hablando de un tema importante que merece atención y que hoy día nos preocupa no solo a abogados o jueves sino a la comunidad boliviana en general”, dijo.

“Seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia y cómo el crecimiento de los ataques a las mujeres que ha sido exclusivo”. Ponderó que entre 2013 y 2021 los feminicidios llegaron a 869 en total.

La justicia indígena, “tema de importancia” en un país multiétnico como Bolivia. No obstante, lamentó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010 establezca restricciones "severas" y limitaciones que en la práctica hacen que "se borre con una mano" los principios constitucionales que respaldan la misma.

Privados de libertad. Observó que el hacimiento carcelario tiene “ribetes particularmente dramáticos” ante un 349% de “índice alto” de hacinamiento. Además señaló que la mayoría de los reos solo tienen detención preventiva. En este punto se refirió a la situación de Jeanine Áñez, que no pudo ser atendida en un centro médico dadas las circunstancias, pero señaló que el Estado es responsable de los privados de libertad y se debe respetar el debido proceso. “Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad es el responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están en esa condición y que por su puesto, en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez, tiene que ser respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”

Observa la estructura del Órgano Judicial, que cuenta con 1.000 jueces y que cada uno debe hacerse cargo de más de 500 expedientes. Resaltó además que para la defensa pública solo hay disponibilidad de 54 defensores en todo el país “haciendo en la práctica inaccesible la defensa pública con esos recursos y limitaciones” pidió tomar en cuenta el número de jueces y revisar el presupuesto.

Sobre la carrera judicial y los jueces transitorios, señaló que esta “no existe” puesto que los jueces son transitorios y no se halla justicia.  

El Ministerio Público es entidad fundamental para la investigación del crimen y la percepción del delito. Dijo que recibió comentarios y críticas sobre limitaciones en acceso de información, sobre el curso de los procesos. Por eso, unas de las recomendaciones para esta instancia es el “fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses que puede cubrir solo el 10% de los municipios del país”.

“Graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis de 2019”. Informó que se reunió con las víctimas de Senkata, Sacaba y de la zona sur de La Paz, y remarcó que esperan por justicia y reparación de daños. 

Las reformas constitucionales ilegales y el proceso de designación de las altas cortes en Bolivia. En este punto sostuvo que halló puntos de vista “muy variados”. García-Sayán sostuvo que “no existe un modelo de cómo designar a los jueces”, pero señaló que la elección que hubo en Bolivia “deja dudas”, por lo que llamó a que es un tema que se debe seguir discutiendo y que debe permitir una satisfacción de la población.

El Relator Especial de la ONU llegó a Bolivia el 14 de febrero y este martes concluye su visita. A lo largo de una semana se reunió con diferentes instancias para analizar la independencia de la justicia en Bolivia.