El abogado cochabambino, José Carlos Sánchez sobre el rol que debe cumplir el Estado frente a enfermedades que azota al mundo debería respetar el Artículo 35 parágrafo 1 de la Constitución  Política del Estado que sostiene “que el Estado  en todos sus niveles debe buscar el bienestar colectivo”.

“Que el Gobierno Central no apoye las medidas de salud adoptadas por los municipios en todo el país es incumplir lo preceptuado por la Constitución porque no apoya las políticas públicas municipales de lucha contra la pandemia” afirma el joven político y abogado de profesión.

José Carlos Sánchez fue candidato a la Gobernación de Cochabamba, donde planteo una urgente necesidad de encarar políticas de Salud que eviten conmoción sanitaria, especialmente por la expansión de coronavirus que está provocando muerte y llanto en todos los hogares.

Recientemente en Cochabamba se ha descubierto un escándalo de borrachera y fiesta social en plena pandemia del coronavirus y pese a ello el Gobierno resuelve evitar todo tipo de sanciones, detenciones o cobro de multas.

El atentado contra la salud pública, es un delito que contempla una pena de hasta 10 años de privación de libertad. Es decir, en caso de ser encontradas culpables, estas personas podrían ser enviadas a la cárcel por una década, como la mayor sanción.

El Código Penal de Bolivia castiga con hasta 10 años de privación de libertad (cárcel) a quienes cometieren delitos contra la salud pública, según el artículo 216 de esta norma.

Este artículo del Código Penal cobra mayor relevancia en la actualidad, debido a la pandemia del coronavirus, y porque la salud y la vida de la población están en riesgo a causa de este virus que se propaga rápidamente.

Como abogado recomiendo a la población, a evitar las aglomeraciones y cumplir las normativas que emitieron nuestra autoridades que prohíben las fiestas y eventos deportivos, entre otros, pero, lamentablemente, hay personas y grupos que se niegan a acatar estas disposiciones que buscan salvaguardar la vida, especialmente de quienes se encuentran en los grupos más vulnerables: personas de la tercera edad, con enfermedades de base y mujeres embarazadas.

Las personas que contravienen las normas, más si lo hacen con conocimiento de causa, deben ser sancionadas como instruyen las normas vigentes.

De todos modos, los gobiernos municipales, departamentales y el del nivel central no deben bajar la guardia en este difícil momento e insistir con una campaña intensiva para que la gente asuma como habituales las medidas de bioseguridad, es decir, el lavado constante de las manos, el uso del barbijo, la desinfección con alcohol y, por supuesto, aunque es duro a veces, el distanciamiento social.

Las personas que consideran que pueden contravenir las reglas vigentes, deberán asumir las consecuencias en caso de ser halladas culpables, porque la vida está primero sobre cualquier interés particular o de grupo.