“Lo que está ocurriendo en Bolivia es un riesgo para todos, mientras la justicia no cuente con esa independencia para actuar con equidad entonces nuestra justicia es una arma letal”, advirtió ayer el abogado de los denominados perseguidos políticos, Jorge Valda, tras el fallecimiento del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, detenido por más de siete años en la cárcel.

Valda recordó los casos de Guillermo Fortún (exministro de Defensa de Hugo Banzer Suárez) José María Bakovic (exdirector del Servicio Nacional de Caminos) y de otras personas que estando procesadas, detenidas, por ser contestatarios al sistema político de Gobierno, les ha costado la vida.

El abogado observó que existe “una responsabilidad a nivel estatal” de la inseguridad en los procesos contra opositores o denunciantes de corrupción.

“Mientras no se lo permita a una persona defenderse con el debido proceso, en igualdad de oportunidades, la justicia boliviana ya no solamente es un arma mortal, es un arma de un sistema opresor, un arma para perseguir e impedir la investigación en los casos en los cuales se quiere dejar impunidad”, remarcó.

La muerte Aramayo, despertó fuertes cuestionamientos contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por su intromisión en la justicia para mantener en detención preventiva a opositores o denunciantes de corrupción.

Valda, abogado de los denominados perseguidos políticos, alertó en Correo del Sur Radio 90.1 FM que los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), el exdirigente cívico Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez, entre otros detenidos preventivamente, también son víctimas de una justicia que sirve “para perseguir y para impedir la investigación en los casos que se quiere dejar en impunidad”.

El jurista recordó los casos de Guillermo Fortún y José María Bakovic, además del exdirigente cívico tarijeño Felipe Moza, que hace poco recuperó su libertad luego de un proceso de 15 años.

Sobre el caso de Aramayo, cuestionó que no se le haya otorgado otra medida cautelar luego de siete años de detención preventiva y apuntó contra el Estado.

Valda hace seguimiento de los hermanos Javier y Antonio Bascopé, de Yassir Molina, Milena Soto, Jaime Maldonado. Rememoró la situación por la que atravesó el miembro de la RJC, Tonchy Bascopé, cuando fue aprehendido en Santa Cruz y trasladado a Sucre, pese a su delicado estado de salud, pero también observó el comportamiento de la justicia en el caso de las ambulancias potosinas, en el que el gobernador Jhonny Mamani continúa impune.

El exdirector del Fondioc, Marco Antonio Aramayo (54), fue enterrado a las 16:00 de ayer, jueves, en un cementerio del norte de la capital cruceña. Sus familiares y amigos lo despidieron entre llanto y pedidos de justicia, pues señalan que fue procesado y detenido injustamente.

A mediodía llevaron sus retos a los pies de El Cristo Redentor, donde le rindieron un homenaje póstumo y recordaron su lucha en busca de la “verdad y la justicia”. Luego fue trasladado al cementerio donde le dieron cristiana sepultura.

La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, afirmó que la retardación en el caso de Aramayo se dio en la Fiscalía y no en los juzgados, según los primeros datos que obtuvo.

Héctor Castellón, defensa de Aramayo, informó que durante los siete años de reclusión de su defendido, los procesos penales iban apareciendo “de acuerdo a conveniencia” y otros se mantenían en reserva a espera de ser utilizados por el Fondo Indígena en contra de su patrocinado, con el fin de mantenerlo tras las rejas.

“Cada vez iban apareciendo más y más juicios en los siete años de persecución, y solo hasta hace unas semanas teníamos nuevas audiencias de medidas cautelares, esos procesos han ido apareciendo conforme a conveniencia”, dijo el jurista a ANF.

Castellón indicó que por la elevada cantidad de procesos se desconoce el estado de algunos, en otros la defensa fue notificada con sobreseimientos, pero luego fueron impugnados.

“No sabemos cómo han quedado otros casos rechazados y otros simplemente están ahí guardados, esperando a ser utilizados por el Fondo Indígena en algún momento en contra de Marco”, indicó.

Después de casi nueve años de develarse el desfalco en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y siete desde que salió el informe de la Contraloría, algunos involucrados en los ilícitos siguen ejerciendo funciones como autoridades regionales y nacionales (todos del MAS). Se identificó cuatro funcionarios que actualmente ejercen cargos y al menos seis que después del escándalo de corrupción asumieron cargos jerárquicos públicos.

Sin embargo, el único rostro visible por las ilegalidades cometidas en el fondo indígena fue la del fallecido Marco Antonio Aramayo, que denunció la malversación y era el tercer ejecutivo de esta instancia, después de Elvira Parra (actualmente detenida) y Daniel Zapata (prófugo).

Entre las autoridades que actualmente ejercen funciones están Felipa Huanca, Juanita Ancieta, Damián Condori Chávez e Hilarión Mamani. Y las que fueron autoridades son Rodolfo Machaca, Jorge Choque, Felipa Merino, Lidia Patty, Melva Hurtado y Julia Ramos.