Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que durante el operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz, en abril de 2009, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas y recomienda iniciar investigaciones contra los responsables.

Tras la revelación de este informe referido al denominado caso Terrorismo, varios actores políticos, especialmente de la oposición, pidieron enjuiciar a Evo Morales y a sus exministros, tomando en cuenta que la CIDH indica que las violaciones a derechos humanos fueron cometidas a partir de órdenes del gobierno del MAS.

El exdiputado opositor Amilcar Barral presentó ante la Fiscalía general una solicitud para que inicie una investigación contra Morales; sin embargo, esta fue rechazada, según un documento que se conoció este viernes.

Se trata de un informe de la Fiscalía General del Estado que desestima iniciar un juicio en contra del expresidente y señala como argumento que debe existir una denuncia formal con todos los hechos descritos contra la persona; o en caso de juicio de responsabilidades, debe acompañarse de un pliego de acusación formal.

“Se colige que el mismo no se constituye en una denuncia formal o querella interpuesta en contra de alguna persona, en el marco de lo establecido en los Artículos 285 y 290 del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco se constituye en una proposición acusatoria acorde al contenido de la Ley 044 de fecha de fecha 08 de octubre de 2010”, versa la respuesta del Ministerio Público al exlegislador Barral.

La Fiscalía también menciona que el Estado no podrá argüir la prescripción de los delitos u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir las recomendaciones.

“La investigación de los actos de tortura deberán cumplir con los parámetros de debida diligencia establecidos en el presente informe, incluyendo los del Protocolo de Estambul” indica otra parte del documento.

El exdiputado Barral afirmó al diario El Deber que en el documento presentado a la Fiscalía pidió cumplir las recomendaciones de la CIDH, considerando que Morales era autoridad durante el operativo y, por ello, debe responder a la justicia. También recordó que el expresidente admitió públicamente que ordenó el operativo para frenar supuestos intereses separatistas.

“Si es que el Estado no cumple con esas recomendaciones, que es iniciar procesos a los responsables, entonces el Estado sería demandado para que se paguen indemnizaciones, eso quiere decir que todos los bolivianos vamos a pagar por las culpas de Evo Morales”, explicó Barral, tras conocer el rechazo de la Fiscalía.