A propósito de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en Lima, Perú, en octubre de este año, cuya segunda reunión preparatoria se desarrollará en Santa Cruz de la Sierra este fin de mes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, propone aprobar leyes para sancionar a quienes atenten a la independencia judicial y de manera manifiesta interfieran en la conducta y accionar de los jueces, del Ministerio Público y de los operadores de justicia.

La autoridad, en entrevista con Correo del Sur Radio este domingo, manifestó que en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana es momento de reflexionar y hacia adelante plantear propuestas que coadyuven y fortalezcan el principio de independencia judicial.

La autoridad judicial reconoció que los poderes político, económico o de otra naturaleza tienden a interferir en la independencia del Órgano Judicial y considera que esto no es de ahora, sino en todos los gobiernos, hay una “conducta obcecada” de interceptar la administración de justicia.

Ante esta situación, considera que como Estado, los 23 países iberoamericanos que abordarán la problemática de la justicia en la región, deben reflexionar para fortalecer la independencia judicial que garantice que los jueces transiten en el marco de la Constitución, de las normas y las leyes, con sentencias transparentes que no sean producto de la interferencia de algún otro poder del Estado.

“Por lo tanto, creo que deben ser altamente reñidos y cuestionados cualquier tipo de interferencia a la independencia del Órgano Judicial, y si aquello tenemos que trasladarlo a una ley especial, a una ley específica para provocar el respeto y cumplimiento a la independencia del Órgano Judicial, creo que debemos empezar a discutir aquello”, remarcó.

“Es decir quienes atenten contra la independencia y de manera manifiesta interfieran en la conducta y accionar de los jueces, del propio Ministerio Público y de los operadores de justicia deben ser sancionados por las leyes del Estado plurinacional y no debe ser simplemente objeto de polémica, cuestionamiento y terminar ahí, cuando los órganos del Estados están conscientes de que estos hechos provocan de que los jueces asuman resoluciones incluso contrarias a la ley y a las normas denominadas prevaricato”, puntualizó.

El Presidente del TSJ, indicó que cuando hay señales de interferencia de algún otro poder del Estado, el Órgano Judicial pierde credibilidad, pierde confianza y se debilita el sistema democrático que tiene como base a la independencia de los órganos del Estado.