La Paz, 1 de junio de 2025 — En plena carrera rumbo a las elecciones generales de agosto, crecen las denuncias contra el empresario y político Samuel Doria Medina, acusado por sectores ciudadanos y políticos de manipular el escenario opositor para consolidar su candidatura como única opción frente al oficialismo.
Diversos actores han advertido que Doria Medina estaría utilizando su capacidad económica para influir en medios de comunicación y redes sociales, difundiendo encuestas presuntamente manipuladas que lo posicionan como el candidato más “viable” de la oposición.
Estas encuestas, en muchos casos sin ficha técnica ni transparencia metodológica, tienden a excluir de forma sistemática a otras figuras políticas emergentes.
Además, se reportan acciones directas para obstaculizar la participación de nuevos liderazgos, a través de presiones sobre partidos políticos, pactos cerrados y supuestos sobornos para provocar desorden o fraccionamiento en las alianzas opositoras. Según estas denuncias, el objetivo sería evitar que surja una competencia real dentro del bloque no oficialista.
Entre los afectados, se menciona a políticos como José Carlos Sánchez, Rodrigo Paz, Chi Hyun Chung, Luis Lara, Jaime Dunn y otros perfiles jóvenes o independientes que habrían sido marginados del proceso de conformación de frentes electorales.
“No es unidad, es exclusión con discurso democrático”, señaló uno de los dirigentes afectados.
Doria Medina ha hecho reiterados llamados a la “unidad de la oposición”, pero para muchos analistas y actores políticos, esa unidad parece construirse en torno a su figura, sin apertura al debate ni al pluralismo.
El riesgo, advierten, es que se repitan prácticas de la vieja política: cerrar el juego electoral desde las cúpulas y limitar el derecho ciudadano a elegir entre propuestas diversas.
La tensión dentro de la oposición crece, mientras el calendario electoral avanza. Sectores sociales y plataformas ciudadanas exigen reglas claras, transparencia en las encuestas, y apertura real para que nuevas voces puedan participar del proceso democrático sin ser silenciadas por intereses económicos o pactos políticos preestablecidos.