La Paz, 2 de junio de 2025.- Una encuesta de dudosa procedencia fue difundida la noche del domingo por el canal Unitel y una empresa encuestadora sin mayor respaldo técnico ni transparencia metodológica.

Según diversas voces del ámbito político y jurídico, se trataría de una encuesta “chuta”, manipulada y presuntamente digitada por el empresario y político Samuel Doria Medina, en un intento por influir en la opinión pública en plena crisis nacional.

El abogado y analista político Dulfredo Flores fue enfático: “No se puede jugar con la institucionalidad democrática publicando encuestas inservibles que solo generan confusión. Las encuestas, cuando están compradas o manipuladas, no son un instrumento de consulta, sino de distorsión”.

DESCONTENTO SOCIAL CRECIENTE

La difusión de esta encuesta ha sido calificada como una falta de respeto hacia la población boliviana, que hoy enfrenta una de las situaciones más críticas de la última década. La crisis económica se agudiza: el desempleo aumenta, los precios de los alimentos básicos se disparan, y los cortes de energía se han vuelto frecuentes en varias regiones del país.

“La gente está más preocupada por cómo llevar comida a su mesa que por encuestas políticas sin sentido”, expresó una comerciante del mercado Rodríguez en La Paz. En las zonas rurales y periurbanas, la situación es aún más grave: hay denuncias de escasez de productos, aumento del contrabando y cierre de pequeños negocios.

CRISIS DE CREDIBILIDAD Y USO POLÍTICO DE LA INFORMACIÓN

Diversos sectores han expresado su preocupación ante lo que consideran una estrategia política para manipular percepciones en un momento de vulnerabilidad nacional.

“Las encuestas se están convirtiendo en herramientas de propaganda disfrazadas de análisis técnico”, alertó Flores, quien además llamó a los medios de comunicación a actuar con mayor responsabilidad.

El contexto actual, marcado por un alto nivel de incertidumbre económica, conflictividad social y deterioro de los servicios básicos, demanda mayor seriedad en el tratamiento de la información.

Para muchos ciudadanos, la difusión de encuestas falsas no solo genera desinformación, sino también indignación y desconfianza hacia el sistema político en su conjunto.

LLAMADO A LA ÉTICA Y A LA RESPONSABILIDAD

Ante este escenario, organizaciones civiles y académicas han pedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las autoridades competentes que investiguen la legalidad de la encuesta difundida y se impongan sanciones a quienes resulten responsables de manipular información pública con fines políticos.

En un país donde el hambre empieza a sentirse en los hogares y donde el acceso a servicios básicos es cada vez más limitado, el uso político de encuestas sin sustento solo contribuye a profundizar el malestar social y erosionar aún más la frágil institucionalidad democrática. (FAUSTO COLPARI - EXPERTO EN COMUNICACION POLITICA)