La Justicia boliviana enfrenta duras críticas tras disponer medidas sustitutivas a la detención preventiva del exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, investigado por presunto tráfico de sustancias controladas.
La decisión ha sido duramente cuestionada por autoridades del Ejecutivo y el Ministerio Público, quienes anunciaron una apelación inmediata.
El fallo fue emitido la mañana del jueves por el juzgado de Ivirgarzama, tras una audiencia cautelar virtual de dos horas realizada en instalaciones de Umopar Chimoré.
El juez determinó arresto domiciliario y presentación quincenal ante el Ministerio Público para el exfuncionario, quien fuera una figura clave en la lucha antidrogas durante el gobierno de Evo Morales (2006–2019).
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó la medida como “un antecedente nefasto para la Justicia boliviana”.
En la misma línea, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público ha apelado formalmente la resolución judicial.
“No estamos de acuerdo con la resolución que se ha determinado por parte del juez, y respetando los recursos legales, hemos recurrido en apelación”, declaró Mariaca.
Felipe Cáceres, de 63 años, fue aprehendido en un operativo de la fuerza antidrogas en el sindicato cocalero Esmeralda, municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba. Durante la intervención, se encontró un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína presuntamente ubicado en un terreno de su propiedad.
El laboratorio tenía capacidad para producir entre 150 y 160 kilos de cocaína y fue valorado en aproximadamente $us 40.000.
Además del laboratorio, las autoridades secuestraron una parcela de terreno estimada en $us 50.000, elevando la afectación económica al narcotráfico a cerca de $us 90.000, según cifras oficiales. Tanto el laboratorio como los insumos encontrados fueron destruidos e incinerados por orden del Ministerio Público.
La defensa del exviceministro no se ha pronunciado públicamente hasta el momento.
