El pleno de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en sus dos estaciones el proyecto de ley de alivio tributario, que ahora fue remitido al Senado para su revisión.

La iniciativa obtuvo más de dos tercios de respaldo en grande y fue ajustada en su tratamiento en detalle.

Durante la sesión, el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, explicó que la propuesta está orientada a permitir que miles de contribuyentes regularicen su situación fiscal mediante medidas que incluyen condonaciones, flexibilización de deudas y simplificación del sistema impositivo.

Según la autoridad, la norma apunta a “desburocratizar la economía, devolver seguridad jurídica y facilitar la reactivación del sector productivo”, además de responder a consultas de los legisladores sobre su alcance e impacto.

Entre los cambios introducidos, destaca la ampliación del periodo de condonación. Inicialmente previsto para deudas hasta el 31 de diciembre de 2017, el beneficio fue extendido hasta la gestión 2020, en consideración a los efectos económicos derivados de la pandemia.

“También se condonan las deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a la gestión 2020, independientemente del monto tributario”, establece la modificación al artículo 2.

Previo a la aprobación, Espinoza detalló cinco ejes centrales de la norma: la condonación de tributos de gestiones anteriores, la creación de un periodo de regularización de adeudos, la restitución del régimen de prescripción a cuatro años, cambios en la base imponible del IVA para transparentar el impuesto y la exclusión de promociones empresariales del alcance de la Ley 060 de juegos de azar.

El proyecto también contempla una transformación del sistema tributario con la creación del “Régimen Especial SIETE” para pequeños negocios, la reducción de plazos de fiscalización y la simplificación del cálculo del IVA, de acuerdo con reportes de la administración tributaria.

La iniciativa será ahora analizada por la Cámara de Senadores, que deberá definir su aprobación o introducir nuevos ajustes antes de su promulgación.