La alcaldesa de Capinota, Nancy Colque Mamani, será enjuiciada por la destrucción del mercado central con fines de construcción de un edificio moderno que atenta el patrimonio histórico y cultural de esta pequeña ciudad, ubicada al Oeste de Cochabamba.
Este hecho que atenta los alcances de la Ley Nº 530 o Ley del Patrimonio Cultural Boliviano del 23 de mayo de 2014 y su modificación en 30 de agosto de 2019, no fue consultado ni socializado con los principales actores sociales de Capinota, hecho que contraviene también la Ley del Control Social.
Este medio de comunicación tuvo acceso a una denuncia presentada por un ciudadano de Capinota ante la Contraloría Departamental de Cochabamba, donde relata la demolición del mercado central con el “propósito de reemplazar la estructura actual con un mamotreto de vidrio sin consonancia con la arquitectura antigua ni con el entorno del centro histórico de la población”.
AVIZORAN NEGOCIADOS
En la denuncia también advierte que no “faltan personas que hasta avizoran negociados con los futuros contratistas de una nueva construcción de vidrios”. Lo reprochable de todo, sostiene, que se trata de una imposición de la alcaldesa Colque, algunos concejales y funcionarios jerárquicos, ya que jamás se socializó el proyecto con la población.
El denunciante recuerda que en 1994 se hizo la rehabilitación de la construcción del mercado con elementos de hormigón armado y constaba de un salón de reuniones con 30 butacas, revoques de yeso en todas las piezas, más de 30 ventanas ovales que se mantienen como nuevas, cortinas metálicas corredizas para los usuarios privados de unas 20 tiendas que pagaban alquileres, un comedor con su respectiva cocina, varias oficinas municipales. Todo el edificio contenía techumbre de calaminas con el respectivo maderamen en buen estado y otros detalles que confirmaban su buen estado, ya que solo habían transcurrido 28 años desde su refacción total.
VIDA ÚTIL DE 50 AÑOS
“Por todo lo señalado, la edificación aún tenía una vida útil de más de 50 años. Asimismo, cabe señalar que el mercado tiene una data de 100 años, lo que determina su carácter patrimonial por lo que se trata de un grave atentado que debe ser drásticamente sancionado por las normas en vigencia, y por los delitos de: Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y Daño calificado, ambos tienen pena de cárcel según el Código Penal en sus artículos 223 y 358”, señala la nota.
Finalmente, afirma que se trata de un bien inmueble estatal protegido por la Ley 530 y existe la agravante de que se trata de la destrucción de un bien fiscal de una Alcaldía pobre en recursos económicos.
