El secretario de Conflictos de la Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba (FEJUVE), Jose Vega, dijo que el proceso de fiscalización que pregonan algunas concejales no se efectúa desde un escritorio o calentando los asientos del Concejo Municipal, se realiza en el lugar de las necesidades de los vecinos y no se puede inventar falsos testimonios para fustigar a las autoridades.

Las concejalas “fiscalizadoras” ganan alrededor de 20 mil bolivianos al mes y 227 mil bolivianos al año sin hacer nada, solo por hacer declaraciones y pagar publicaciones solicitadas en medios de comunicación.

Las concejalas que se creen “honestas” o “luchadoras sociales”, no conocen los Distritos, las mancomunidades, las OTBS y los barrios. “Para hablar de transparencia, primero tienen que visitar los barrios donde hay muchas necesidades.

Los politicos se acostumbraron a denigrar a falsear la verdad, no engañen ni mientan, hagan algo por Cochabamba y las familias que durante muchos años soportaron total abandono.

Invito a la concejalas opositoras, visitar los barrios de Cochabamba donde hay progreso y bienestar social. Reto a cada una de ellas a mostrar todo lo malo y lo bueno, haber si se animan, dijo Vega.

¿Que significa fiscalización?: Implica controlar las actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La fiscalización es el proceso mediante el que se comprueba que una determinada actividad económica cumple con la normativa establecida en un territorio. Es utilizado para evitar el fraude fiscal en el sector privado y la corrupción en el sector público.

El proceso de fiscalización consiste en estudiar, analizar y aportar las pruebas necesarias para garantizar que una actividad se está llevando a cabo dentro de la legalidad. Este proceso se produce tanto en el sector público como en el privado.

La fiscalización en el sector público se realiza para optimizar el funcionamiento del mismo. Junto a esto, también se persigue garantizar que el destino de los fondos públicos es lícito y que su objetivo es el de mejorar el bienestar social.