Los bloqueos instalados en el municipio de Vinto fueron levantados hace unos minutos, luego de la firma de un acuerdo entre ejecutivos de Semapa, autoridades de gobierno y representantes del Control social de ese municipio para “reencaminar” las mesas de trabajo técnico legal, social y ambiental con la participación del Director de la  Autoridad de Control de Agua Potable y Saneamiento (AAPS),  Ministerio del  Medio Ambiente y Agua , Gobierno Autónomo Municipal  y Control Social de Vinto.

“Es importante lo que se ha logrado, no nos olvidemos que hemos dado el ejemplo con acciones y  no con palabras, nos han convocado a que vengamos a Vinto hemos estado presentes (…) Practicamente la solución ha estado en base a lo que nosotros siempre hemos propuesto, las mesas de trabajo, el poder sentarnos, conversar y llegar a acuerdos”, sostuvo el gerente general de Semapa, Luis Prudencio.

El acta de compromiso suscrito entre las partes establece que el trabajo de las mesas debe reencaminarse en un plazo de 48 horas previa coordinación con los actores.  

Las mesas analizarán aspectos vinculados a “la explotación del agua, transferencia de los predios a través de los informes técnico y legal, resarcimiento del daño económico y ambiental; asimismo por parte del Ministerio de Medio Ambiente  se hizo conocer la aprobación del Proyecto de Planta de Trantamiento de Aguas Residuales de Vinto, así como el compromiso de la ejecución del proyecto de un sistema de agua potable, alcantarillado y riego”, señala el documento

Finalmente se acordó que las meses de trabajo deberán presentar un informe de avance en 30 dìas y el informe conclusivo en 90 días

 “Son distintos puntos, tema respecto al caudal de  de agua, al daño ambiental, respecto a la transferencia de terrenos que seguramente se analizán  a profundidad y  con todos los respaldos legales y tècnicos”, explicó Prudencio.

Finalmente el gerente de la empresa de agua reiteró que  los pozos  de agua en el municipio de Vinto suministran 66 litros por segundo, pero solo 25 litros por segundo llegan al municipio del Cercado, el resto se queda en ese municipio, a tiempo de señalar que la operación de los 11 pozos “demanda 500 mil bolivianos en energía eléctrica y más de 2 millones en toda la parte operativa”.

Asimismo señaló que el convenio suscrito el año 2015 no tiene validez legal porque fue firmado bajo presión y porque el gerente que suscribió el mismo no tenía atribución para ceder terrenos, razón por la cual esta siendo procesado penalmente.