Como lo hizo el lunes, el bloque de unidad político-cívico decidió sumarse al paro de 48 horas convocado por los gremiales para el lunes y martes en demanda de la anulación de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y su anexo, como de otro paquete de normas vigentes o en trámite que –sostiene un comunicado- afecten los derechos ciudadanos.
Este bloque fue constituido en Santa Cruz y lo forman comités cívicos, expresidentes, partidos políticos de oposición y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade). Este sábado emitieron el comunicado que lleva la firma de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, Conade y el Comité pro Santa Cruz.
Los gremiales exigen la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, además de su anexo.
El bloque decide “sumarse de forma pacífica, activa y movilizada a esta protesta contra el gobierno nacional, hasta lograr la abrogación de la Ley N° 1386 y su Anexo, así como la anulación de los oficios e instructivos que han anticipado la aplicación del proyecto de Ley N° 218, que fue retirado por el gobierno de su tratamiento legislativo”, establece el documento.
El Gobierno retiró el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, como exigían los gremiales y a las que se sumó este bloque de oposición. Sin embargo, como lo hicieron el lunes, reiteraron que hay un paquete de leyes en vigencia o en proceso que deben ser anuladas, además exigen el cese de la persecución política, la libertad de “presos políticos” y la renovación de autoridades de judiciales y fiscales.
“Alertamos a la ciudadanía que existen otras leyes, algunas promulgadas y otras en proyecto, que contienen disposiciones para la instauración por parte del gobierno nacional de un Estado policiaco, que quiere que la represión contra los ciudadanos sea la regla y el ejercicio de nuestros derechos y libertades la excepción. Dichas leyes son: “Ley de Emergencia Sanitaria”, “Ley del Registro de Comercio”, “Ley de Ascensos de la Policía Boliviana”, “Ley de Estadísticas Oficiales”, “Anteproyecto de Ley de Ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Anteproyecto de Ley de Derechos Reales”, entre las más importantes”, enumera el documento.
También exigen la “restitución de los 2/3 en todos aquellos artículos de los reglamentos de las dos Cámaras que fueron suprimidos”.
El transporte federado de Cochabamba y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) dieron plazo hasta el martes al Gobierno para archivar la ley antilegitimación y anunciaron que si no se escucha su pedido realizarán un paro el miércoles.
“Otorgar un plazo hasta el martes para que el directorio del Senado nacional archive este proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, además, sino archivan y dejan sin efecto la aprobación en el Senado hasta el martes, el transporte sindicalizado, conjuntamente con Aramco declaramos paro movilizado para el día miércoles”, dijo en conferencia de prensa el dirigente del transporte federado de Cochabamba, José Orellana.
El dirigente señaló que la ley no fue consultada ni socializada con ningún sector y que la misma pone en riesgo los derechos de la ciudadanía.
El transporte es el octavo sector que se pronuncia contra la ley, luego de los gremiales, transporte pesado, cooperativistas, Conade, comités cívicos, transporte de El Alto, asociación de comercializadores de carne de La Paz, entre otros.
