La Dirección Nacional del MAS - IPSP condenó la existencia de grupos armados en los puntos de bloqueo instalados por afines a Evo Morales y pidió la intervención de la Policía Boliviana con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Denunciamos la existencia de grupos irregulares del país, grupos armados que están en distintos puntos del territorio nacional y específicamente en los bloqueos de caminos. Rechazamos y condenamos con ignominia a estos terroristas armados conformados por seguidores de Evo Morales”, enfatizó el secretario de Relaciones Internacionales del MAS, Fidel Surco.

El presidente de la Federación de cocaleros Mamoré Bulo Bulo, Dieter Mendoza, confirmó en la víspera que los bloqueadores están armados y que responderán si la Policía intenta reanudar el desbloqueo en la zona.

El martes un bloqueador en el Puente Ichilo disparó una escopeta contra policías y el miércoles francotiradores atacaron con disparos de armas de fuego a un contingente de efectivos policiales que intentaban intervenir en un punto de bloqueo instalado en el departamento de Oruro.

El MAS instó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que “corrija procedimientos sobre delitos penales de lesa humanidad, trata y tráfico de niñas y niños, estupro, sedición y daño económico, que pesan en contra de Evo Morales y de manera inmediata el cumplimento de la Constitución Política del Estado”, dijo Surco.

Además, Surco señaló que el instrumento político del MAS exige al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con el apoyo del Ministerio de Defensa, mediante las Fuerzas Armadas, “hacer cumplir el mandato constitucional, en cuanto a haya peligro de grupos armados dentro del territorio nacional, se defenderá la soberanía de acuerdo a las normas y procedimientos”.

Asimismo, el MAS determinó la expulsión de Evo Morales como militante a solicitud de las direcciones departamentales, regionales, provinciales y militancia en general, de acuerdo a los estatutos y reglamentos internos que establecen con claridad que la conducta debe ser intachable.

El bloqueo de caminos promovidos por los grupos afines a Morales inició el 14 de octubre para exigir que se levanten los procesos penales que enfrenta, entre ellos una denuncia por trata y tráfico de personas por la relación que mantuvo con una menor de edad en 2015 y con la que tuvo una hija que ahora tendría 8 años, según la Fiscalía de Tarija.