La situación judicial de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty vuelve a estar en el centro de atención, luego de que el Ministerio Público confirmara la apertura de una nueva investigación en su contra, esta vez vinculada a un proyecto destinado a la producción de miel que supera los 650 mil bolivianos.

“El Ministerio Público ha tomado conocimiento de otra denuncia por parte del Fondo Indígena, que surge a raíz de una auditoría a un proyecto del año 2010.

En esta auditoría se pudo establecer que la señora Lidia Patty y otras personas suscribieron un convenio con el objetivo de producir miel”, informó el fiscal Miguel Cardozo.

De acuerdo con la autoridad, el desembolso de recursos fue depositado en la cuenta bancaria de Patty, aunque el proyecto no llegó a ejecutarse en su totalidad.

“El proyecto fue aprobado y se realizó un desembolso de 650 mil bolivianos, equivalente al 92% del total. A raíz de la auditoría, se está investigando por el delito de incumplimiento de contratos”, señaló.

Antes de conocerse esta nueva denuncia, Patty ya figuraba como implicada en presuntas irregularidades en otros proyectos financiados por el Fondo Indígena.

“Son ocho proyectos en ocho comunidades que han generado un daño económico al Estado. Entre los involucrados se encuentra la sindicada Lidia Patty, a quien se le habrían realizado diferentes depósitos a sus cuentas bancarias”, afirmó Cardozo.

El fiscal agregó que la exdiputada presentó documentos para respaldar la devolución de algunos de los depósitos que recibió; sin embargo, “hay otros fondos que no han sido explicados por la señora Patty”.

Según la investigación, uno de los proyectos que administraba Patty tenía un presupuesto que superaba el millón de bolivianos, de los cuales Bs 700.000 fueron transferidos a su cuenta.

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas —conocido como Fondo Indígena— fue creado en 2005 durante el gobierno del MAS y manejó recursos millonarios destinados a proyectos productivos y comunitarios en el área rural.

Actualmente, varias de sus ejecuciones pasadas se encuentran bajo revisión por presuntas irregularidades.