La situación jurídica de Gabriela Delgadillo Salazar, exgerente de Productos Industrializados y Derivados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se complica tras su aprehensión ejecutada este lunes, en el marco de una investigación por presunto incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

El fiscal Daniel Ortuño informó que, tras recolectar elementos preliminares, el Ministerio Público advierte indicios de que la exautoridad habría firmado documentación como vicepresidenta de la estatal petrolera sin contar con la designación correspondiente. Según explicó, aunque Delgadillo desempeñó distintos cargos dentro de la empresa —entre ellos el de gerente de Comercialización de Combustibles—, existen elementos que hacen presumir que asumió atribuciones que no le correspondían.

“En el desarrollo de esa función, de acuerdo a los elementos recolectados, venía usurpando funciones, en el sentido de que firmaba como vicepresidenta de YPFB”, señaló el fiscal, al precisar que los hechos aún se encuentran en etapa investigativa y que en las próximas horas se presentaría la imputación formal.

La orden de aprehensión, emitida por el Ministerio Público con fecha 13 del presente mes, instruyó a los investigadores proceder con la captura de Delgadillo y su traslado ante la autoridad competente.

La exgerente fue interceptada por efectivos policiales en inmediaciones del barrio Equipetrol, mientras realizaba compras, y posteriormente conducida a dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en la zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz.

Desde el Ministerio de la Presidencia, el Gobierno se pronunció sobre el caso y aseguró que la lucha contra la corrupción “no es un discurso, es una acción concreta”. En un comunicado, remarcó que no se protegerá ni encubrirá a ninguna persona y que las investigaciones deben avanzar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso.

Asimismo, las autoridades señalaron que se llegará “hasta las últimas consecuencias”, enfatizando que cuando se trata de recursos del Estado y de la confianza ciudadana no puede haber privilegios ni excepciones. Mientras tanto, Delgadillo permanece en instalaciones de la Delcc a la espera de su audiencia cautelar.