La Defensoría del Pueblo, con profunda preocupación, advirtió que las consecuencias del conflicto social que atraviesa el país están afectando gravemente a la población, generando dificultades en el acceso a medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, combustibles y servicios de salud, con especial impacto en los sectores más vulnerables.

“La Defensoría del Pueblo recuerda a todos los actores que ninguna reivindicación política, social o económica puede situarse por encima del derecho a la vida, la integridad personal y la dignidad humana”, señaló mediante un pronunciamiento este viernes.

Observó el preocupante escalamiento de la conflictividad, “reflejado en la reproducción de discursos de odio, expresiones de intolerancia, agresiones y actos discriminatorios, particularmente contra mujeres de origen indígena”, lo que, indicó, profundizan la confrontación y debilitan la convivencia democrática.

La Defensoría del Pueblo también manifestó su preocupación por las denuncias públicas sobre recientes aprehensiones de dirigentes sociales y exparlamentarias presuntamente realizadas sin la exhibición de mandamiento de aprehensión.

Pidió a las autoridades competentes esclarecer estos hechos y garantizar el respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

“En contextos de alta conflictividad, toda actuación estatal debe caracterizarse por la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia, evitando acciones que puedan incrementar la tensión social o generar percepciones de persecución”, recordó.

Ante este contexto, exhortó, una vez más, a los sectores movilizados y a las autoridades del Estado a generar “espacios reales y efectivos de diálogo” que permitan una resolución pacífica de la conflictividad.

“La protección de la vida y la paz social deben constituirse en el objetivo superior de todos los actores involucrados”, subrayó.

Por último, esta representación afirmó que continuará actuando con independencia, imparcialidad y firmeza, ejercitando sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, en cualquier situación, colocando en el centro de su accionar la defensa de los de los derechos humanos, la preservación de la paz social y la protección de la vida de todas y todos los bolivianos.

Este viernes, en La Paz, se cumplen 36 días de bloqueos de caminos. Esta extrema medida de presión también se registra en otros departamentos del país: Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, de acuerdo a un reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras.

A causa de ello, miles de familias sufren el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y otros productos de primera necesidad. Entre tanto, cada día se reportan millonarias pérdidas económicas en diferentes sectores productivos y de empresarios, ello sin contar la grave afectación a la imagen nacional en el área turística.