El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, informó que las AFP se llevaron a sus países de origen $us 224 millones de ganancias, por lo que cuestionó que el magisterio y el sector salud defiendan "modelo privatizador" de las pensiones.
“Sorprende que estén defendiendo un modelo privatizador, eso representan las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), porque las mismas corresponden a transnacionales”, afirmó Durán en respuesta a los sectores que se oponen a que el Estado retome la administración de aportes para la jubilación.
La privatización de los sistemas de pensiones fue ampliamente criticada en el mundo y en 18 países, entre ellos Bolivia, se volvió al control por parte del Estado. Priorizaron las ganancias y generaron bajos rendimientos para la población aportante, reveló.
Entre 1997 y 2022, las privadas AFP en Bolivia tuvieron ganancias por $us 224 millones, como resultado de las previsiones de la Ley 1732.
“Esas utilidades no benefician a los asegurados y, por lo tanto, fácilmente pueden ser repatriadas a los países de origen de ambas AFP, como es el caso para España de BBVA (Previsión) y Suiza para el caso de Futuro (Bolivia)”, aseguró Durán.
Gestora se hará cargo de la recaudación total de las cotizaciones del SIP desde el 2 de mayo.
Las AFP obtienen “grandes” ganancias, pero bajos rendimientos. Entonces, “sorprende que existan sectores como el magisterio y salud que estén defendiendo la transnacionalización de las pensiones en Bolivia”, insistió.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo da cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la dirección y administración de las pensiones corresponden al Estado boliviano.
“Sorprende que algunos movimientos cívicos estén realizando movilizaciones en contra de la Constitución, porque el funcionamiento de la Gestora está acorde a lo que establece la Constitución”, reiteró.
Desde mayo de este año, la Gestora Pública iniciará la recaudación total de los aportantes y administrará la totalidad del Sistema Integral de Pensiones (SIP), lo que implicará el retiro de las AFP.
