El avasallamiento de la oficina nacional no será un obstáculo para que la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, continúe con su labor, afirmó que la defensa de los derechos humanos no es un edificio o una persona.
“Nosotros vamos a continuar con la vigilia permanente afuera de la Asamblea. Los derechos humanos y la asamblea del pueblo boliviano no es una casa, ni es Amparo, la Asamblea es la defensa de la verdad, de la justicia. El lunes, nosotros vamos a abrir las puertas de nuestras oficinas, la toma del edificio no va a impedir que continuemos con nuestro trabajo”, aseguró Carvajal.
Los afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que tomaron el edificio permanecen en las instalaciones de la APDHB, ubicada en la avenida 6 de Agosto, en La Paz. Mientras un grupo de personas, a la cabeza de la presidenta de la institución realizaron una vigilia afuera de las oficinas. Sin embargo, Carvajal se retiró a la 01:00 de la madrugada de hoy para cuidar su estado de salud.
Dijo que los "avasalladores" metieron comida, colchones y otros implementos con el objetivo de permanecer en esas instalaciones. Denunció que sacaron varios objetos, entre ellos cajones documentos, dijo que está en riesgo de que se pierda información y un lote de libros que forman parte de la biblioteca de la institución.
“Han sacado cajones, documentos. Tenemos información y documentos originales de las oficinas de la asamblea, tenemos información contable. Además, existe documentos de las denuncias de vulneración de derechos humanos que hemos podido organizar, los libros de nuestra biblioteca”, enfatizó.
Lamentó que hasta el momento no se tenga una respuesta de la fiscalía a la denuncia que interpusieron, por el avasallamiento del edificio. Señaló que solo existen dos policías resguardando el ingreso de la asamblea y la misma cantidad de uniformados se encuentran en la parte posterior.
Tras la toma del edificio, Carvajal presentó una demanda penal en el Ministerio Público contra el representante de la dirigencia afín al MAS, Édgar Salazar y Remberto Cruz. las diputadas de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar y Luciana Campero, interpusieron una segunda querella contra los sindicados.
Las representaciones departamentales rechazaron el avasallamiento de la oficina nacional, la regional de Oruro exigió al Gobierno y al instrumento político cesar la persecución política contra activistas de derechos humanos, se declararon en emergencia y piden a la sociedad civil sumarse en la defensa de la institución.
“Los militantes, activistas de la APDHO nos declaramos en ‘emergencia activa’ para defender a nuestra institución defensora de los DDHH, que históricamente ha estado en contra de todos los gobiernos de turno que vulneraron y quebrantan los DDHH”, dice la nota.
Mientras que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Potosí (APDHP) exige garantías a las autoridades del Estado y que actúen conforme a la norma por la toma de esas dependencias, además piden procesar a los avasalladores.
“Exige al Ministerio Público y Policía Nacional las debidas garantías y el inicio de los procesos penales por la comisión de los delitos de avasallamiento, allanamiento de domicilio y sus dependencias, provocando la perturbación o el menoscabo a los derechos subjetivos de la intimidad, privacidad, libertad e inviolabilidad de domicilio”, indica el comunicado.
