El Ministerio Público alega falta de pruebas para fundamentar acusaciones por irregularidades en compra de vehículos de emergencia.

En un giro sorprendente, la Fiscalía del departamento de Potosí ha decidido sobreseer y liberar de culpa al gobernador Jhonny Mamani, así como a otros dos individuos implicados en el proceso penal relacionado con la controvertida adquisición de 41 ambulancias.

La decisión de la Fiscalía, que ha sido definida como un «hecho funesto» por Flores, ha suscitado interrogantes sobre el sistema de justicia en Potosí.

Según el asambleísta, el proceso de administración judicial parece «un menú» en el cual se influye desde las esferas gubernamentales. «Es un golpe a la credibilidad de nuestro sistema legal», declaró Flores.

El asambleísta detalló que, además del gobernador Mamani, la Fiscalía también ha exonerado a un exsecretario jurídico de la Gobernación y a un tercer funcionario implicado en el caso.

Estas decisiones se basan en la argumentación de que no existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.

El caso de las ambulancias ha mantenido en vilo a la opinión pública desde su inicio en 2022, cuando la Fiscalía imputó al gobernador Mamani bajo cargos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.

Las irregularidades en la adquisición de las ambulancias surgieron cuando la Gobernación de Potosí firmó un contrato para la compra de 41 vehículos de emergencia.

A pesar de que estos nunca llegaron al país, funcionarios de la Gobernación firmaron un acta de recepción. Tres de los cuatro acusados en este caso ocupaban cargos en la comisión que avaló la firma de este acta el 31 de diciembre de 2021.

El gobernador Mamani, quien había firmado el contrato en cuestión, posteriormente decidió anularlo debido a las denuncias de irregularidades que habían surgido. Estos acontecimientos han dejado en un estado de consternación a la ciudadanía potosina y han abierto un debate en torno a la independencia del sistema judicial.

A medida que los detalles del caso siguen emergiendo, la resolución de la Fiscalía plantea preguntas cruciales sobre la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas en Potosí.

Los ciudadanos esperan que las autoridades aclaren los motivos detrás de esta decisión y que el proceso legal en torno a este caso continúe con la debida diligencia y objetividad.