Una encuesta realizada por la empresa Diagnosis Estudios revela que el 58% de los entrevistados cree que el bloqueo de caminos por parte de los seguidores de Evo Morales, para pedir la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), es débil y no tiene convocatoria.
La empresa preguntó"¿Según usted, el bloqueo del evismo contra el 'golpe judicial' tendráéxito logrando paralizar el país, o será débil por falta de apoyo de las organizaciones sociales?".
El 24%, de 1.800 entrevistados, respondió que será “exitoso, paralizará el país”, frente al 58% que dijo que es “débil, no tiene convocatoria”, y un 18% que optó por no responder.
El trabajo de campo se realizó entre el 20 y 21 de enero en el área urbana y rural de los nueve departamentos. El error muestral es de +/- 2,31%.
Se aplicó una selección aleatoria simple de zonas censales y de segmentos, y selección sistemática de hogares y de entrevistados.
Desde marzo de 2023, la Asamblea Legislativa impulsó tres procesos de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pero estos no se concretaron por normativas que vulneraban preceptos constitucionales como el derecho a la libre expresión.
Además, se obvió el mandato constitucional de los dos tercios y en el último Proyecto de Ley 144 se suspendían todos los plazos procesales, por cuya razón, entre otras, fue declarado inconstitucional por el TCP.
Por el fracaso en la Asamblea, el TCP declaró la prórroga de mandato “de manera excepcional y temporal” de los magistrados y consejeros “hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades”, según la sentencia 0049/2023.
En rechazo de esta decisión, los seguidores del expresidente Morales iniciaron, desde inicios de mes, protestas en la capital del Estado, Sucre, y este lunes, un bloqueo de caminos.
Además de exigir la renuncia de los magistrados y consejeros, los bloqueadores defienden la nueva postulación de Morales a pesar de que la sentencia constitucional 1010/2023 se lo impide.
Las organizaciones sociales que son parte del Pacto de Unidad, y que están acreditadas ante la Central Obrera Boliviana (COB), rechazaron la medida de presión porque sólo pretende habilitar a Morales como candidato.
Empresarios, pequeños y medianos productores, agrícolas y transportistas también repudiaron la medida de presión que, según el Gobierno nacional, generará pérdidas diarias de $us 120 millones.
En esta jornada, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, urgió a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a avanzar en la celebración de las elecciones judiciales, garantizando un proceso de preselección transparente, participativo e integral.
