La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este miércoles el juicio de responsabilidades por el caso Quiborax en contra del expresidente y líder de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
El exmandatario es acusado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificada en los artículos 153, 154 y 224 del Código Penal, detalló la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Patricia Arce.
El caso Quiborax se abrió a denuncia de la Procuraduría General del Estado contra Mesa, por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones que tenía la firma chilena NMM-Quiborax en el Salar de Uyuni, que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
El expresidente Carlos Mesa llamó canallas a miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) luego de que la Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.
“Una de las peores infamias del MAS, protagonizada por ministros que arrodillaron al país ante una empresa chilena y la premiaron con 42 millones por explotar ilegalmente el Salar, se usa de nuevo para reactivar un juicio y doblegar mi conciencia. ¡Canallas!, se equivocan de nuevo”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.
Pasado el mediodía de este miércoles, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó un juicio de responsabilidades en contra del presidente de Comunidad Ciudadana.
CC denuncia que el MAS busca “generar una burda presión” con el caso Quiborax
El exmandatario es acusado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificada en los artículos 153, 154 y 224 del Código Penal.
El caso Quiborax se abrió a denuncia de la Procuraduría General del Estado contra Mesa, por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones que tenía la firma chilena NMM-Quiborax en el Salar de Uyuni, que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
