Cuando estaba como presidente de Bolivia, Carlos Mesa aprobó un Decreto Supremo que aprobó la revocatoria de concesiones mineras de una empresa privada lo que vulneró una ley, incumplió seis auditorías y plazos lo que derivó en una pérdida para el Estado de $us 42 millones tras un largo proceso de arbitraje.

La información fue brindada este martes por Pablo Menacho, exprocurador General del Estado, durante una entrevista con el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv.

Menacho dijo que Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 27589 (del 23 de junio de 2004) que estableció la revocatoria de las concesiones mineras en franca vulneración a la Ley 2564 (que establecía solo el marco para la nulidad) y contra su mismo Decreto 27326 que indicaba la realización de varias auditorías y plazos de ejecución.

El Decreto Supremo 27589 firmado por Mesa y su gabinete indica: “I. Se dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor Lipez del Departamento de Potosí”.

“II. Se otorga a la Empresa Minera Non Metallic Minerales S.A., que explota las concesiones detalladas en el Parágrafo anterior, el plazo de treinta días para la entrega física de las mismas a la Prefectura del Departamento de Potosí, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan seguirse”, agrega la norma jurídica.

Según dijo Menacho, ese Decreto fue impugnado por la empresa Non Metallic Minerales S.A. que recurrió al Centro de Arbitrajes CIADI cuya adhesión fue firmada a nombre de Bolivia por Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien acompañó Carlos Mesa como candidato vicepresidencial.

El Decreto de Carlos Mesa no cumplió la ley, no se cumplieron las auditorías, no se dio la nulidad del contrato (probabilidad establecida en la Ley) y, por el contrario, se procedió a una revocatoria de la concesión, indicó el exprocurador.

Menacho dijo que, como consecuencia del Decreto de Mesa, el centro de arbitrajes determinó un pago de $us 42 millones, lo que fue una pérdida para el Estado.

Por esa pérdida causada por el Decreto 27589, en 2018 se inició juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa. Ese proceso está ahora en análisis de la Asamblea Legislativa Plurinacional.