El sector cervecero boliviano expresó su preocupación y rechazo al Proyecto de Ley 528/2024-2025, que crea el Fondo Productivo Leche para Crecer, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.

La propuesta establece la Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas (RCIBA), que aplicará un cobro de Bs 0,40 por cada litro de cerveza importado o comercializado para financiar el nuevo fondo lácteo.

“La industria cervecera boliviana ya soporta la carga tributaria más alta de la región, lo que compromete su sostenibilidad y competitividad”, señaló el sector mediante un comunicado oficial difundido este domingo.

De acuerdo con la memoria institucional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Cervecería  Boliviana Nacional (CBN) es la empresa privada que más aporta en impuestos, con una participación del 5,9% del total de la recaudación nacional.

El gremio advirtió que volver a aplicar este tipo de tributo, como ocurrió con el antiguo Fondo Proleche, podría incrementar los costos, reducir la competitividad y fomentar el contrabando.

“La reimplantación de este tributo, en un contexto de alzas de costos y mayores presiones fiscales, agravaría la situación del sector y propiciaría un escenario favorable al contrabando, afectando la recaudación fiscal”, señala el pronunciamiento.

Además, los cerveceros criticaron que la medida no haya sido socializada con los sectores involucrados. “Nos preocupa que decisiones de tan alto impacto estructural se adopten sin una discusión amplia y participativa. Pedimos políticas que combinen sostenibilidad económica y transparencia, incluyendo en el debate a todos los sectores afectados”, agrega el documento.

El sector recordó que la industria cervecera es un pilar de la economía nacional, generando miles de empleos directos e indirectos y sosteniendo a una amplia red de proveedores, distribuidores y pequeños comerciantes.

Tras su aprobación en Diputados, el Proyecto de Ley 528/2024-2025 aguarda su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde el sector espera que se abra el diálogo antes de su promulgación.