La Cámara Nacional de Industrias (CNI) emitió un comunicado el 2 de abril de 2026, donde rechazó la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) para incrementar el salario mínimo nacional (SMN) en un 20%. Este rechazo se basa en preocupaciones sobre la economía de las empresas y la industria boliviana.
La CNI argumentó que los industriales “rechazan absolutamente” la solicitud de incremento salarial, advirtiendo que esta medida podría provocar inflación, inestabilidad social y una crisis económica aún más profunda. En su comunicado, expusieron varias razones:
El Gobierno Nacional ya otorgó un incremento del 20% al SMN, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2026, para compensar la pérdida del poder adquisitivo debido a una inflación del 20,4% en 2025.
Un nuevo aumento podría disparar la inflación y agravar la crisis económica; organismos internacionales reportaron un decrecimiento del PIB boliviano entre -1% y -1,5% en 2025.
Aumentaría el riesgo país, que había descendido a 4.500 puntos en marzo de 2026 desde más de 22 mil puntos en agosto de 2024, lo que podría desincentivar la inversión privada y encarecer el financiamiento externo.
Colocaría a Bolivia con el tercer salario mínimo más alto de Sudamérica, superando a países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Venezuela, distorsionando así su competitividad.
Impulsaría el contrabando, que actualmente supera los $us 3.300 millones anuales, erosionando aún más la competitividad frente a productos ilegales.
La CNI enfatizó que antes de considerar aumentos salariales, Bolivia necesita implementar medidas urgentes para reactivar y crecer económicamente.
En este contexto, Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, confirmó que su propuesta busca “reponer” el valor adquisitivo del salario debido a los efectos económicos adversos del año pasado y a la eliminación de subsidios a los hidrocarburos que impactaron los precios de productos básicos.
El martes pasado, cientos de afiliados a la COB marcharon en La Paz para entregar su pliego petitorio al Gobierno, solicitando un incremento salarial. La dirigencia planteó un plazo de diez días para recibir una respuesta sobre esta solicitud.
